Zuckerberg publica manifiesto que divide al sector tecnológico

Mark Zuckerberg publicó el lunes un manifiesto de 6.500 palabras titulado "El futuro es para todos" donde defiende una visión optimista de la inteligencia artificial: la superinteligencia distribuida masivamente, sin barreras, será la herramienta que nivele la cancha para la humanidad. En paralelo, Meta lanzó Muse Glimmer, una versión de código abierto de su modelo más potente, y anunció un fondo de 1.000 millones de dólares para comunidades cercanas a sus centros de datos. Pero el contraste entre lo que promete y lo que ocurre en el mundo real es tan marcado que su propio manifiesto se ha convertido en una muestra de por qué tanta gente desconfía de la IA.

La tesis central de Zuckerberg es que el mayor riesgo no es la tecnología en sí, sino que "una sola empresa o gobierno llegue a controlar su desarrollo". En el documento, advierte contra lo que llama "concentración extrema de poder" y sostiene que el camino seguro no es cerrar los sistemas, sino abrirlos. El problema es que esta postura llega justo cuando OpenAI anunció la paralización de Astra, su nuevo modelo, por considerar que sus capacidades de ciberataque alcanzaban niveles "críticos". También cuando el Reino Unido alertó —experimento mediante— que los sistemas de IA ya son capaces de engañar a personas para ejecutar ciberataques de forma autónoma.

Entre lo que Zuckerberg describe y lo que realmente sucede hay una brecha que el propio manifiesto no logra ocultar. Por ejemplo, cuando habla de educación: "Todos tendrán un tutor personalizado con un doctorado en cada materia y paciencia ilimitada". Esa función ya existe en ChatGPT, Claude y Gemini, pero el uso masivo que se le está dando no es aprender, sino evitar hacer las tareas. Sin sistemas robustos de marcado de agua, los docentes no pueden distinguir un ensayo escrito por un estudiante de uno generado por IA. Ese es un daño real, tangible y actual. Zuckerberg no lo menciona.

Lo mismo ocurre con el ejemplo legal: "Si todos tienen un superabogado de IA, la justicia será más justa y eficiente". También es posible que se dispare una avalancha de litigantes automatizados que colapsen los tribunales con demandas generadas por máquinas. El hecho de que el responsable de Meta no exprese ninguna preocupación por estos escenarios —y en cambio los presente como inevitables beneficios— genera el efecto contrario al deseado: en lugar de tranquilizar, aumenta la inquietud.

El momento político también importa. Zuckerberg pide reducir barreras regulatorias en Estados Unidos y Europa para competir con China, y advierte que "incluso una demora de un mes podría debilitar la posición del país" frente a competidores extranjeros como DeepSeek, Alibaba o Moonshot, que ya lideran en modelos abiertos. Meta prevé invertir hasta 145.000 millones de dólares este año solo en infraestructura de IA. Pero la defensa del código abierto —con Muse Glimmer ejecutable localmente sin conexión a internet— choca con la realidad de que los modelos abiertos también son más difíciles de auditar y controlar una vez desplegados.

Para América Latina, el debate tiene consecuencias directas. Si la tendencia global se inclina hacia modelos abiertos como los que promueve Meta, empresas y gobiernos de la región podrían acceder a sistemas potentes sin depender de suscripciones a APIs de gigantes estadounidenses. Un banco mexicano, una startup chilena o un ministerio colombiano podrían descargar, ajustar y ejecutar Muse Glimmer en su propia infraestructura, sin necesidad de conexión permanente a los servidores de Meta. Eso reduce costos y dependencia tecnológica. Pero también transfiere la responsabilidad de la seguridad y el uso ético a quien implementa el modelo, sin los mecanismos de control que sí existen en los sistemas cerrados.

Zuckerberg también sostiene que la IA "creará más empleos de los que destruirá" y que "iniciar un negocio requerirá menos capital". Son afirmaciones que ningún dato concreto respalda aún. Mientras tanto, la propia Meta fue multada el fin de semana pasado con 567 millones de dólares por un tribunal de Nuevo México por daños a menores en sus plataformas. El 64 % de los estadounidenses cree que las redes sociales han sido dañinas para la democracia, según Pew Research, y el escepticismo hacia los ejecutivos tecnológicos no hace más que crecer.

El fondo de 1.000 millones de dólares para comunidades cerca de centros de datos —destinado a docentes, equipos de emergencia e infraestructura energética— es una respuesta a la creciente oposición local que ya es tema de campaña electoral en Estados Unidos. Pero la pregunta que queda flotando, tanto para Silicon Valley como para un CTO en São Paulo o un regulador en México, es si la apertura que promete Zuckerberg realmente distribuye poder o simplemente lo hace más difícil de controlar.