Un juez federal desestimó la semana pasada la etiqueta de riesgo que el Pentágono había impuesto a Anthropic en el marco de una disputa contractual, pero el caso dejó al descubierto algo más profundo: nadie tiene claro quién responde cuando un sistema de inteligencia artificial causa un daño. Mientras tanto, Google sigue litigando para bloquear el scraping de datos con el que se entrenan muchos de estos modelos –y perdió una ronda judicial frente a SerpApi–, y un artículo académico publicado en Law, Innovation and Technology propone un marco para ubicar la culpa a lo largo de la cadena de valor de la IA. Las tres historias corren en paralelo y, juntas, dibujan el mapa de un problema que las empresas latinoamericanas deberían estar mirando con atención.
El caso Anthropic es un ejemplo perfecto de la confusión actual. El Departamento de Defensa de Estados Unidos prohibió el uso de la tecnología de la startup argumentando que era un riesgo para la cadena de suministro. Anthropic, por su parte, se negó a que su IA se usara para vigilancia masiva o para decisiones sobre armamento letal. El juez, Rita Lin, no solo bloqueó la prohibición sino que calificó la lógica del gobierno de “realmente preocupante”, al sugerir que una empresa podía ser castigada por discrepar con la administración. El Pentágono también alegó que Anthropic podría desactivar sus modelos durante operaciones bélicas, algo que Lin y expertos externos calificaron de infundado. La pregunta no resuelta: si el sistema falla en combate, ¿la responsabilidad es del desarrollador, del cliente militar o de ambos?
A miles de kilómetros de distancia, en los tribunales civiles, Google enfrenta una demanda similar pero desde el otro lado del mostrador. La compañía quiere impedir que SerpApi –un servicio de scraping– acceda a datos públicos de búsqueda para entrenar modelos de IA. Un tribunal desestimó la demanda de Google por falta de legitimidad. El argumento de Google es que el scraping erosiona sus ingresos y sus acuerdos con propietarios de contenido. SerpApi, en cambio, defiende el acceso automatizado a información pública como un pilar de la web abierta. El caso podría redefinir quién puede usar los datos que circulan en internet para construir IA, y bajo qué condiciones.