OpenAI promete un data center ejemplar en Georgia mientras persiste el fantasma del ‘redlining digital’

OpenAI quiere demostrar que se puede construir infraestructura de inteligencia artificial sin repetir los errores del pasado. La compañía presentó el Proyecto Camellia, un data center en Effingham County, Georgia, con promesas concretas: las tarifas eléctricas de los vecinos no subirán, el consumo de agua será mínimo (un sistema cerrado como el radiador de un auto) y destinarán 80 millones de dólares en beneficios comunitarios para escuelas, salud y vivienda. Además, ofrecerán 71 millones en créditos de su herramienta Codex para estudiantes universitarios del estado.

La letra chica, sin embargo, importa. OpenAI asegura que pagará el costo total de la infraestructura eléctrica —3,2 gigavatios que se entregarán entre 2028 y 2032— y que, bajo las reglas de la Comisión de Servicio Público de Georgia, esos costos no pueden trasladarse a los residentes actuales. También se compromete a auditorías públicas anuales para garantizar el cumplimiento.

Pero el contexto de la industria cuenta otra historia. Un estudio académico de 2025, publicado en el World Journal of Advanced Research and Reviews, documenta lo que sus autores llaman “digital redlining”: la tendencia de las grandes tecnológicas a instalar data centers en comunidades negras y latinas, mientras reservan las instalaciones más limpias para zonas blancas y de mayores ingresos. El caso emblemático es el supercomputador de xAI en South Memphis, donde el 64% de los residentes son afroamericanos y la contaminación de turbinas de gas ilegales se suma a 17 sitios de desechos tóxicos ya existentes. La tasa de cáncer en la zona cuadruplica el promedio nacional. En contraste, el campus de Facebook en Prineville, Oregón, donde el 87% de la población es blanca, cumple los más altos estándares ambientales y recibe millonarias donaciones comunitarias.

La sombra del ‘digital redlining’ en América Latina

Para los ejecutivos latinoamericanos que evalúan dónde instalar sus propios centros de datos, la advertencia es clara: la ubicación no es una decisión neutral. Cada vez que una empresa elige un terreno barato cerca de una comunidad vulnerable, está heredando un conflicto de justicia ambiental que puede estallar en los tribunales o en la opinión pública. Brasil, México y Chile ya concentran una parte importante de los data centers de la región, muchas veces en zonas periurbanas con baja densidad de población o en áreas históricamente marginadas.

El estudio de Booker recuerda que las empresas suelen justificar estas decisiones con el discurso del “desarrollo económico”, pero el patrón es consistente: las comunidades con menor poder político terminan cargando con el costo ambiental de la nube. Las propias promesas de OpenAI en Georgia —como limitar el consumo de agua y reducir la demanda eléctrica en picos de consumo— son exactamente el tipo de medidas que los reguladores latinoamericanos deberían exigir por adelantado, no como gesto de buena voluntad.

¿Qué puede aprender un ejecutivo de la región?

Más allá de la controversia, el caso de Effingham County ofrece un modelo de transparencia que podría replicarse: compromisos firmes y auditables, participación ciudadana temprana (la compañía ya realizó reuniones y planea una asamblea pública abierta) y la creación de un “Compacto Comunitario” que traduzca las prioridades locales en obligaciones concretas.

Para un CIO o un director de infraestructura en LatAm, la lección no es demonizar a las tecnológicas, sino incorporar la justicia ambiental como variable estratégica desde la fase de diseño. Una mala elección de ubicación puede generar años de litigios, mala prensa y costos ocultos de remediación que superan cualquier ahorro inicial. La IA no solo se entrena con datos: también se construye sobre terrenos y comunidades. Ignorarlo es una apuesta que ningún negocio debería darse el lujo de perder.