Ética & sociedad Flock Safety ajusta sus reglas ante la creciente presión por la vigilancia masiva
Ante la pérdida de contratos y el escrutinio público, Flock Safety endurece el acceso a su red de cámaras con reconocimiento de placas. ¿Son suficientes estos cambios para frenar los abusos policiales?
La empresa de tecnología policial Flock Safety anunció cambios en el acceso de los oficiales a su red nacional de lectores de placas vehiculares, en un intento por contener el creciente rechazo público y recuperar contratos perdidos tras denuncias de vigilancia masiva y abuso policial.
Lo que comenzó como una herramienta para resolver delitos se ha convertido en una fuente de controversia. Una investigación de The Washington Post encontró 46 casos en los que agentes utilizaron las cámaras de Flock para fines no autorizados, como el acecho a exparejas sentimentales. Este tipo de abuso, documentado en múltiples jurisdicciones, ha puesto en jaque la confianza en el sistema.
Flock Safety opera 120.000 cámaras que forman una red nacional a la que las policías locales pueden acceder. Eso significa que un oficial en una ciudad puede buscar cualquier placa registrada en cualquier otra parte del país sin un control claro. Para mitigar estos riesgos, la empresa anunció que ahora será obligatorio ingresar un número de caso penal antes de realizar una búsqueda. Esta medida, que ya estaba disponible como opción el año pasado, busca verificar que cada consulta tenga un propósito legítimo.
Sin embargo, las salvaguardas no siempre funcionan como se espera. La ACLU documentó que cuando Flock exigía a los oficiales ingresar un motivo para la búsqueda, algunos usaban términos genéricos como "investigación" o incluso escribían "jejeje" hasta 20 veces en un departamento de Oregón. La empresa reconoce que no verificará los números de caso, lo que abre la puerta a que los oficiales eviten el nuevo control con la misma facilidad.
Para enfrentar este problema, Flock está expandiendo un sistema de auditoría automática que analiza la actividad de búsqueda de cada oficial y alerta a los administradores sobre comportamientos sospechosos. Esta función, también opcional el año pasado, ahora es obligatoria. Pero la empresa no ha compartido detalles sobre la precisión de esta herramienta ni la ha abierto a evaluadores independientes, lo que genera dudas sobre su efectividad real.
El caso de Flock Safety no es aislado. En Estados Unidos, varias ciudades han comenzado a reconsiderar sus contratos con la empresa. En Austin, Texas, la renovación del contrato estuvo a punto de no concretarse tras la presión ciudadana.
Esta controversia también tiene un impacto directo en América Latina. Aunque Flock Safety opera principalmente en Estados Unidos, su modelo tecnológico y regulatorio es un precedente para los gobiernos latinoamericanos que evalúan implementar sistemas similares de vigilancia vehicular.
La lección para los ejecutivos y funcionarios de la región es que, sin controles sólidos, estas herramientas pueden derivar en abusos que erosionan la confianza pública y generan costos políticos y legales considerables. La transparencia, la auditoría independiente y la definición clara de los procedimientos de acceso no son solo buenas prácticas; son requisitos para que la tecnología de vigilancia sea aceptable socialmente.
El dilema de fondo persiste: una herramienta diseñada para atrapar delincuentes se convierte en un arma de vigilancia masiva cuando no hay reglas claras ni supervisión efectiva. Y la pregunta que queda flotando, tanto para las empresas tecnológicas como para los gobiernos que las contratan, es si las nuevas reglas de Flock son un verdadero cambio de rumbo o solo una cortina de humo para calmar a la opinión pública mientras el sistema sigue operando sin el control ciudadano necesario.
