El lobby de la IA: coraza de los gigantes tecnológicos

La paradoja de la autorregulación

Dario Amodei, el máximo responsable de Anthropic, dedicó un ensayo detallado a advertir sobre los riesgos de que los grandes laboratorios de inteligencia artificial queden atados a los intereses políticos del gobierno. Su receta: anteponer la política a la política. Pero mientras predicaba distancia, su empresa negociaba un contrato de 200 millones de dólares con el Departamento de Defensa de Estados Unidos para desarrollar IA en aplicaciones militares y empresariales. La escena condensa una paradoja que define a toda la industria: los mismos que claman por regulación son quienes más invierten en moldearla a su medida.

Seis millones de dólares para influir en las reglas

Según las declaraciones regulatorias, Anthropic y OpenAI desembolsaron 3,13 y 2,99 millones de dólares respectivamente en lobby federal directo durante 2025, su cifra histórica más alta. A eso se suman unos 300.000 dólares por cada una en presión política en California. Ambas empresas, valoradas en 830.000 y 380.000 millones de dólares, comenzaron a hacer lobby recién en 2023. Para Anthropic, 2025 fue el primer año en que reveló donaciones a candidatos políticos específicos. Y la semana pasada, la compañía anunció una donación adicional de 20 millones de dólares a Public First Action, una organización que promueve una mayor regulación de la IA. La presentó como una iniciativa no partidista, aunque las políticas que defiende chocan con la corriente desregulatoria dominante en el sector.

California, el primer campo de batalla

El punto de quiebre más visible entre ambas compañías se dio en torno a la ley de seguridad de IA de California, SB 53, que entró en vigor en enero. La norma exige que los grandes fabricantes de modelos establezcan barreras de seguridad y reporten cómo las han abordado antes de lanzar nuevos sistemas, bajo amenaza de multas. OpenAI se opuso al proyecto. Anthropic terminó respaldándolo. Sin embargo, para observadores como Kyle Qi, de Llama Ventures, se trató más de una maniobra publicitaria que de una diferencia real. Michael Kleinman, del Future of Life Institute, es más tajante: “Hasta que no veamos que las empresas apoyan realmente una legislación significativa, lo que dicen sobre su deseo de regulación son palabras vacías. La industria en su conjunto está empeñada en evitar la regulación”.

A nivel federal, las coincidencias son mayores que las diferencias. Tanto Anthropic como OpenAI priorizaron en su agenda de lobby la seguridad nacional y la infraestructura de IA. En agosto de 2025, ambas firmas anunciaron acuerdos para que agencias gubernamentales usaran sus modelos por un dólar; xAI, de Elon Musk, ofreció un acuerdo similar por 0,42 dólares en septiembre. En 2024, OpenAI eliminó de sus políticas de uso la prohibición de aplicaciones militares y bélicas. El argumento hacia Washington es directo: una escala más rápida fortalece la competitividad de Estados Unidos.

La oportunidad para América Latina

Mientras el Congreso estadounidense aún no aprueba una legislación que cambie de forma significativa el rumbo del desarrollo de la IA, el vacío regulatorio deja a los legisladores dependientes de la información que las propias empresas proveen. Para los ejecutivos latinoamericanos, esta dinámica tiene implicaciones directas. Las reglas que se definan en Washington —o que no se definan— impactarán la disponibilidad, el costo y la seguridad de los modelos de IA que lleguen a la región. Si las grandes tecnológicas logran imponer una agenda desregulatoria global, los países de América Latina enfrentarán un escenario donde los estándares de transparencia, evaluación de riesgos y responsabilidad legal queden en manos de los mismos desarrolladores.

Pero también existe una ventana de oportunidad. Mientras el Congreso estadounidense se mantiene rezagado, gobiernos como los de Brasil, Colombia o Chile podrían avanzar con regulaciones locales que exijan requisitos de seguridad y rendición de cuentas a los proveedores de IA, estableciendo un piso mínimo de protección antes de que el marco federal estadounidense termine de consolidarse. La región no puede permitirse el lujo de esperar a que los gigantes tecnológicos definan las reglas del juego. Necesita una voz propia que priorice el interés público y la competitividad.

El riesgo de la captura regulatoria

Detrás del discurso de seguridad y transparencia, el lobby de Anthropic y OpenAI busca crear barreras de entrada y evitar una supervisión real. La inversión en infraestructura física —centros de datos masivos— es otro frente clave. Ambas empresas presionan por órdenes ejecutivas que aceleren los permisos federales y por créditos fiscales para energía. Anthropic incluso anunció que cubriría los costos de electricidad para conectar nuevos centros a la red. La pregunta que queda sobre la mesa no es si los constructores de la IA influyen en las reglas del juego, sino si los gobiernos —dentro y fuera de Estados Unidos— serán capaces de construir una institucionalidad regulatoria que no dependa exclusivamente de la voluntad y los intereses de quienes desarrollan la tecnología. América Latina tiene la oportunidad de ser pionera en una regulación que ponga primero a las personas y a la competitividad regional, antes de que el lobby de los gigantes consolide un marco global que solo beneficie a unos pocos.