El mes pasado, el CEO de Anthropic, Dario Amodei, publicó un extenso ensayo en el que advertía sobre los riesgos de que los grandes laboratorios de IA terminen atados a los intereses políticos del gobierno. Lamentó el apoyo oficial a políticas antirreguladoras extremas. Su receta: anteponer la política a la política. Pero mientras Amodei predicaba distancia, su empresa negociaba un contrato de 200 millones de dólares con el Departamento de Defensa de Estados Unidos para desarrollar inteligencia artificial en aplicaciones militares y empresariales.
La paradoja no es nueva en la industria tecnológica, pero alcanza una escala sin precedentes. Según las declaraciones regulatorias, Anthropic y OpenAI gastaron 3,13 millones y 2,99 millones de dólares respectivamente en lobby federal directo durante 2025, su mayor cifra histórica. A eso se suman unos 300.000 dólares por cada una en presión política en California. Ambas compañías, valoradas en 830.000 y 380.000 millones de dólares respectivamente, comenzaron a hacer lobby recién en 2023. Para Anthropic, 2025 fue el primer año en que reveló donaciones a candidatos políticos específicos.
La semana pasada, Anthropic anunció una donación adicional de 20 millones de dólares a Public First Action, una organización que promueve una mayor regulación de la IA. La empresa la presentó como una iniciativa no partidista, aunque las políticas que defiende chocan abiertamente con las de la administración Trump y con la corriente desregulatoria que domina el sector. OpenAI, en tanto, declinó hacer comentarios.
El punto de quiebre más visible entre ambas compañías se dio en torno a la ley de seguridad de IA de California, SB 53, que entró en vigor en enero. La norma exige que los grandes fabricantes de modelos de IA establezcan barreras de seguridad y reporten cómo las han abordado antes de lanzar nuevos sistemas, bajo amenaza de multas. OpenAI se opuso al proyecto. Anthropic terminó respaldándolo. Sin embargo, para observadores como Kyle Qi, de Llama Ventures, se trató más de una maniobra publicitaria que de una diferencia real. Michael Kleinman, del Future of Life Institute, es más tajante: “Hasta que no veamos que las empresas apoyan realmente una legislación significativa, lo que dicen sobre su deseo de regulación son palabras vacías. La industria en su conjunto está empeñada en evitar la regulación”.
A nivel federal, las coincidencias son mayores que las diferencias. Tanto Anthropic como OpenAI priorizaron en su agenda de lobby la seguridad nacional y la infraestructura de IA. En agosto de 2025, ambas firmas anunciaron acuerdos para que agencias gubernamentales usaran sus modelos por un dólar; xAI, de Elon Musk, ofreció un acuerdo similar por 0,42 dólares en septiembre. En 2024, OpenAI eliminó de sus políticas de uso la prohibición de aplicaciones militares y bélicas.
El argumento hacia Washington es directo: una escala más rápida fortalece la competitividad de Estados Unidos. En una carta enviada en octubre a la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, Chris Lehane, director de asuntos globales de OpenAI, escribió que la necesidad de seguridad nacional de liderar en IA presenta “una oportunidad única por siglo para fortalecer nuestra economía”. Anthropic, por su parte, ha presionado a favor de controles de exportación de chips avanzados, una postura que gana urgencia luego de que Nvidia obtuviera permiso para vender sus chips H200 a empresas chinas.
Más allá de la seguridad nacional, el otro frente clave es la infraestructura física: los centros de datos. El desarrollo de IA de frontera requiere instalaciones masivas, y tanto Anthropic como OpenAI, junto con Google y Meta, compiten por ampliar su capacidad. Argumentan que los permisos complejos, los cuellos de botella en el suministro eléctrico y la oposición local retrasan los proyectos; más de la mitad de los proyectos de centros de datos en 2025 se demoraron al menos tres meses, según JLL. OpenAI se ha comprometido a gastar unos 1,4 billones de dólares en centros de datos durante los próximos ocho años. Ambas empresas presionan por órdenes ejecutivas que aceleren los permisos federales y por créditos fiscales para energía. Anthropic incluso anunció que cubriría los costos de electricidad para conectar nuevos centros a la red.
Mientras tanto, en el Congreso estadounidense aún no se aprueba una legislación que cambie de forma significativa el rumbo del desarrollo de la IA. Un proyecto clave que buscaba priorizar la política federal sobre las leyes estatales —y así dificultar que los estados aprueben su propia regulación— terminó convertido en una orden ejecutiva en diciembre, sin fuerza de ley. El vacío regulatorio deja a los legisladores dependientes de la información que las propias empresas proveen.
Para los ejecutivos latinoamericanos, esta dinámica tiene implicaciones directas. Las reglas que se definan en Washington —o que no se definan— impactarán la disponibilidad, el costo y la seguridad de los modelos de IA que lleguen a la región. Si las grandes tecnológicas logran imponer una agenda desregulatoria global, los países de América Latina enfrentarán un escenario donde los estándares de transparencia, evaluación de riesgos y responsabilidad legal queden en manos de los mismos desarrolladores. Pero también existe una ventana de oportunidad: mientras el Congreso estadounidense se mantiene rezagado, gobiernos como el de Brasil, Colombia o Chile podrían avanzar con regulaciones locales que exijan requisitos de seguridad y rendición de cuentas a los proveedores de IA, estableciendo un piso mínimo de protección antes de que el marco federal estadounidense termine de consolidarse.
La pregunta que queda sobre la mesa no es si los constructores de la IA influyen en las reglas del juego, sino si los gobiernos —dentro y fuera de Estados Unidos— serán capaces de construir una institucionalidad regulatoria que no dependa exclusivamente de la voluntad y los intereses de quienes desarrollan la tecnología.
