Mientras OpenAI financia 14 proyectos para imaginar políticas de la "Edad de la Inteligencia" e IBM integra Codex y ChatGPT en su plataforma de consultoría para certificar miles de implementadores, América Latina sigue sin responder la única pregunta que importa: quién decide cómo se usa la inteligencia artificial en este territorio. La respuesta correcta no es vacía. Hoy responde otro: el mercado, los laboratorios del norte y, de manera cada vez más clara, Bruselas con el efecto normativo que ya irradia el Reglamento Europeo 2024/1689.
La nueva dependencia tiene dos capas
La primera capa es conocida: gramática de datos, capacidades técnicas y sueño de infraestructura crítica. La segunda capa es la que tiene en vela al staff analítico: la región hace el trabajo sucio, etiquetando datos y aportando talento barato para los laboratorios que después venden los modelos de vuelta, con una factura y una excusa de calidad. Es una fotografía de colonización digital que no viaja en barcos sino por contratos de nube profunda.
Y aquí aparece el dato que no se discute en las conferencias corporativas: Microsoft presentó una revolución de IA que, en el agregado de 2025, descansó en una sola tarjeta. OpenAI le pagó 24.100 millones de dólares, casi el 70 % de sus ventas de IA. Los demás dólares, los de la demanda empresarial diversa y madura, brillan por su ausencia. Si Microsoft, con 261.300 millones de dólares invertidos desde 2022 en capital para centros de datos, todavía está sostenida por un solo comprador, el problema no es de adopción: es de modelo de negocio.
Para América Latina, ese hallazgo es una alerta doble. Primero, porque el costo de adoptar está atado a proveedores que aún no han demostrado solvencia real fuera de sus propios círculos de capital. Segundo, porque los contratos de implementación de análisis que banca, telecomunicaciones y gobiernos vienen firmando con consultoras no son neutrales: arrastran gobernanza heredada, sensores de evaluación y métricas diseñadas en la cultura del mercado del norte.
Sin marco, el déficit ya no se gestiona: se comanda
La evidencia cuantitativa que presentó el Journal of Computer Science and Technology Studies muestra algo más que una correlación entre preparación en IA e inclusión financiera: a diferencia de Asia, donde China e India usan la IA como política de crecimiento y estabilidad, los países desarrollados la usan sobre todo para ganar eficiencia. América Latina, atrapada entre los dos roles, hoy ni siquiera el conocimiento de la propia información pública, del sistema de salud a la calificación de crédito, se degrada si no hay un marco propio de auditoría.
No hay que negar los avances parciales: Brasil avanza con el proyecto de ley 2338/2023, heredero de la matriz europea; Chile, Colombia, México y Perú acumulan iniciativas en grados diversos. Esa dispersión es la peor de todas las soluciones: mantener la fragmentación es asegurar inseguridad jurídica para el que construye, importa o usa IA de forma transfronteriza, y dejar al regulador nacional atado a una política que se decide cada vez más en el exterior.
Gobernanza como ventaja competitiva
La salida no comenzará por soberanía romántica. El informe de Cepei y las discusiones en la CEPAL apuntan en la misma dirección: la región necesita agenda propia, sí, pero con la medida exacta de soberanía y necesidad. Convertir la soberanía de datos e infraestructura pública en política no es un eslogan; es una decisión de arquitectura. Significa que el sector público y el privado latinoamericano avancen en modelos de alianzas que no degen entren en el primer escenario de optimización de privacidad.
Ese camino tiene instrumentos concretos que no exigen esperar al legislador: sandboxes regulatorios coordinados bajo la Alianza del Pacífico o el Mercosur, armonización de definiciones de alto riesgo con el anexo III del estándar europeo, auditorías de sesgo y explicabilidad como condición para incentivos fiscales y acciones de compra pública inteligente de sistemas de IA. Son mecanismos de dinero y datos que el ejecutivo puede promover desde su propia mesa, antes de que la regla llegue.
Porque la regla llegará. O la definen actores locales con conocimientos del territorio — la inclusión financiera, por ejemplo, la supervivencia de la idea pyme, el control de los datos frente a un modelo que los monetiza bajo el concurso de la nadie —, o la definen Musk, Altman y Bruselas, en ese orden de agenda y de capacidad instalada de penalización.
La carrera de implementación, esa que algunos compradores prefieren llamar "apuesta obligatoria", la decidirán las empresas que puedan pagar la integración. Las que no tienen ese poder de compra estarán condenadas si esperan a que miles de consultores de IBM "desciendan" con su código en la región. La red actual de filtros de vigilancia no distingue al soldado: cuando un latino tiene el mismo perfil de riesgo y de crédito, es el gobierno el que lo cuenta.
La inversión en educación e infraestructura digital no es excusa del futuro; es el pago por la preparación del pasado. Reglamento, datos y capacidades son inseparables. Y mientras el capital de riesgo y los estados que lo fomentan siguen corriendo donde el alfabeto no alcanza, la única diferencia entre ganar y perder en América Latina es la capacidad de poner límites antes de que se los pongan a prueba. La puerta que se abre hoy, en gobernanza, es la única que evita la puerta que otros cerrarán mañana, asegurando su puerta trasera.
