La infraestructura que sostiene la inteligencia artificial ya no se define solo en los laboratorios ni en las juntas directivas: también se define en los municipios que reciben los centros de datos. Amazon acaba de reconocerlo con un giro público. El 2 de octubre, el CEO de AWS, Matt Garman, publicó una extensa defensa de la construcción de data centers y, junto con ella, un marco de compromisos llamado Amazon Data Center Commitment y un programa de inversión comunitaria bautizado 'Built Together'. El anuncio llega en un momento de máxima resistencia social.
Una encuesta de Gallup difundida en mayo encontró que el 71 % de los estadounidenses se opone a que se instalen centros de datos de IA en su zona de residencia. Un sondeo posterior de Economist/YouGov, de finales de agosto, ubicó ese rechazo en 63 %. La oposición ya tiene efectos medibles: Garman aseguró que hay más de 100 moratorias en consideración en Estados Unidos, mientras que el grupo Data Center Watch estima que al menos 75 proyectos, valorados en unos US$ 130.000 millones, fueron bloqueados o demorados en los primeros tres meses del año.
Frente a ese escenario, Amazon eligió una combinación de datos y dinero. 'Built Together' sumará más de US$ 1.000 millones durante cinco años a las comunidades donde la empresa construye y opera, por encima de los recursos que ya destinaba: la compañía afirma que entregó más de US$ 1.000 millones en los últimos tres años. Unite.AI lo describe como un marco que amplía el gasto existente. La magnitud, sin embargo, conviene mirarla con los números del negocio: Amazon proyecta un gasto de capital cercano a US$ 220.000 millones este año, y el nuevo fondo equivale a unos US$ 200 millones anuales, cerca de una décima parte del 1 % de esa cifra.
El paquete no se limita a dinero. Amazon se comprometió a no firmar nuevos acuerdos de confidencialidad con agencias gubernamentales, a publicar cada año su consumo de energía y agua, a utilizar generadores de respaldo con menores emisiones y a pagar tarifas eléctricas suficientes para no trasladar los costos de infraestructura a las facturas de los residentes. También financiará certificaciones de electricista y de TI en community colleges sin costo para los estudiantes, ayudará a mejorar la eficiencia energética de escuelas y viviendas, y destinará fondos anuales a prioridades definidas por cada comunidad.
En su defensa, Garman apeló a comparaciones diseñadas para desactivar el temor. Sostuvo que un centro de datos promedio de Amazon consume menos de 13.000 galones de agua por día, equivalente al uso de 42 hogares, y que los campos de golf de Estados Unidos emplean alrededor de 200 veces más agua que todos los centros de datos de la compañía. También afirmó que los generadores de respaldo están inactivos el 99,9 % del tiempo y atribuyó los aumentos de tarifas eléctricas al envejecimiento de la red, más que a los propios data centers.
El punto más delicado es el fiscal. Amazon no prometió renunciar a los incentivos locales, a diferencia de Microsoft, que en enero anunció que no buscaría desgravaciones para sus centros de datos. La empresa argumenta que es el mayor contribuyente en casi todas las comunidades donde opera y cita el condado de St. Joseph, Indiana, donde espera pagar más de US$ 3.000 millones en impuestos sobre terrenos que antes generaban US$ 1,2 millones; y el condado de Madison, Misisipi, con más de 2.300 trabajadores de construcción activos y más de 1.700 empleos operativos por llegar.
El antecedente de Oregón matiza esa narrativa: Good Jobs First calculó en 2023 que cinco centros de datos de Amazon en el condado de Morrow recibirían unos US$ 1.000 millones en reducciones de impuestos a la propiedad durante 15 años, el mayor subsidio conocido a la compañía hasta entonces.
La empresa también denunció que existen reportes de países que difunden información falsa para frenar la expansión de data centers. OpenAI y X detectaron cuentas vinculadas a China que publicaban contenido sobre estas instalaciones, aunque PolitiFact señaló que se exageró su influencia y que hay pocas pruebas de que alcanzaran audiencias amplias.
Para América Latina, el debate importa más de lo que parece. Los ejecutivos que hoy contratan capacidad de IA o evalúan instalar infraestructura local están viendo cómo se construye, y cómo se destruye, la licencia social de estos proyectos. En una región donde la presión sobre el agua y la energía es un tema sensible, los compromisos que Amazon presenta como voluntarios —publicar consumo, no ocultar acuerdos con gobiernos, devolver valor a las comunidades— pueden convertirse en el estándar que reguladores locales exijan a cualquier operador.
Las empresas latinoamericanas tienen la oportunidad de adelantarse: medir su huella, involucrar a las comunidades desde el diseño del proyecto y definir mecanismos de compensación antes de que aparezcan las suspensiones. ¿Van a esperar a que el rechazo vecinal se congele en leyes, o van a construir desde ahora reglas claras de transparencia y reparto de beneficios?
