El año 2023 marcó un punto de inflexión en América Latina. Tras la masificación de la inteligencia artificial generativa, los congresos de la región comenzaron a producir normas sobre IA a un ritmo nunca visto. Según la base de datos del proyecto Sistemas de Algoritmos Públicos de la Universidad de los Andes, con corte a julio de 2026, existen 716 instrumentos regulatorios en 23 países y territorios de la región, de los cuales más del 80 % iniciaron su trámite a partir de 2023. Brasil lidera con 212 registros, seguido por México (126), Colombia (101), Argentina (95) y Perú (73).
Esta producción normativa, sin embargo, esconde problemas estructurales: capacidades institucionales limitadas, supervisión fragmentada y una dependencia de estándares técnicos que aún están en elaboración. La pregunta no es si la región necesita regular, sino cómo hacerlo sin frenar la innovación ni sacrificar derechos fundamentales.
Un boom sin precedentes y sus matices
Este auge no es superficial. De los 716 instrumentos, el 93,4 % tiene alcance nacional y el 59,1 % se encuentra en curso de tramitación, mientras que el 23 % fue archivado y solo el 15,8 % (113 instrumentos) ha sido aprobado como norma vinculante. La clasificación por objeto regulatorio muestra que la mayoría aborda la IA como tema central: 109 son leyes generales o integrales, 268 tratan centralmente sobre IA acotadas a un tema específico (como reformas penales o laborales), 166 son normas complementarias con secciones sustantivas, 91 autorizan usos sectoriales y 82 solo hacen menciones marginales.
Esta diversidad desafía la idea de que regular la IA equivale únicamente a expedir una ley integral al estilo del AI Act europeo. Como señaló Juan David Gutiérrez, coautor del informe de la Universidad de los Andes, “regular no equivale únicamente a expedir leyes integrales; una ley de pocos artículos que reforma el código penal en un asunto de IA también es regulación y buena parte del auge regional corresponde a este tipo de normas teledirigidas”.
Estrategias nacionales en contraste: Perú, Chile y México
Los casos de Perú y Chile ilustran dos trayectorias opuestas. Perú fue el primer país en aprobar una ley de IA (Ley N.º 31814, de julio de 2023), pero su aplicación práctica solo tomó forma con el reglamento de septiembre de 2025. Como explicó Gianfranco Mejía, la ley es declarativa, basada en principios, y el reglamento adopta un enfoque de riesgos con tres niveles: riesgo indebido (prohibido), alto (permitido con restricciones) y aceptable. Sin embargo, la autoridad rectora (la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital) carece de facultades de fiscalización y sanción sobre el sector privado, y la supervisión está dispersa entre Indecopi, la Autoridad de Protección de Datos y otras entidades.
Chile siguió el camino inverso: definió una política nacional temprana, pero su proyecto de ley general, inspirado en el AI Act europeo, enfrenta hoy una baja viabilidad política. Según Danielle Zaror, la falta de consenso y la resistencia del sector privado han estancado la iniciativa. Mientras tanto, México no cuenta con ninguna ley aprobada. Las iniciativas de 2024 y 2025 —una de ellas presentada en abril de 2025 con un enfoque ético y soberano— permanecen en comisiones. La Estrategia Digital Nacional y la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) en 2024 son los avances más concretos, pero sin un marco legal general, la certeza jurídica sigue siendo un pendiente.
El espejo europeo y la alternativa japonesa
Tanto el proyecto de ley chileno como las iniciativas mexicanas miran hacia la Unión Europea, cuyo AI Act establece un sistema de clasificación de riesgos con obligaciones para proveedores, incluso cuando los sistemas se usan dentro del bloque sin estar instalados en él. Pero la región no debería copiar ese modelo mecánicamente. Un estudio publicado en F1000Research (Dunayevich y Akiyama, 2025) compara el enfoque europeo de "hard law" con el japonés de "soft law" y gobernanza ágil, y sugiere que un marco demasiado restrictivo podría profundizar la brecha tecnológica de América Latina frente a las economías líderes.
La tesis central del estudio es evitar la lógica binaria que contrapone crecimiento tecnológico y protección de derechos humanos. En contextos con baja inversión en innovación y capital de riesgo limitado, una regulación excesivamente rígida puede resultar contraproducente. Los autores proponen cinco principios: fomentar la innovación, equilibrar riesgos y beneficios, adaptar los marcos a las necesidades regionales, evitar medidas restrictivas e incorporar perspectivas tanto occidentales como asiáticas.
Desafíos de implementación y soberanía digital
Más allá del diseño normativo, la implementación concentra los mayores obstáculos. El informe de la Universidad de los Andes identifica varios: el "ancho de banda" limitado de los congresos para discutir con seriedad cientos de proyectos simultáneamente; la dependencia de estándares técnicos internacionales que aún se están definiendo; y regímenes de responsabilidad civil y penal sin resolver. Además, el debate regional comienza a desplazarse hacia la soberanía digital y la regulación de la infraestructura de IA, como centros de datos y cómputo en la nube.
En este contexto, la cooperación regional se vuelve indispensable. El propio informe concluye con siete consideraciones, entre las que destacan: fortalecer las capacidades institucionales de las autoridades de supervisión, armonizar definiciones y estándares comunes, promover la participación de múltiples actores (academia, sociedad civil y sector privado), y diseñar mecanismos ágiles que permitan actualizar las normas conforme evolucione la tecnología.
Hacia una gobernanza propia
América Latina no necesita elegir entre el modelo europeo y el japonés. Necesita construir un enfoque propio que parta de sus realidades: democracias jóvenes, desigualdad estructural, sistemas de justicia sobrecargados y ecosistemas de innovación emergentes. La regulación debe ser un instrumento para cerrar brechas, no para ampliarlas. Eso exige normas que protejan derechos sin sofocar el desarrollo, autoridades con recursos reales para hacer cumplir la ley y una visión estratégica que integre la IA en las políticas de desarrollo productivo.
Este camino no será fácil. Pero el hecho de que la región haya pasado de 38 instrumentos anuales en 2022 a más de 200 desde 2023 demuestra que el tema está en la agenda. Ahora falta traducir esa voluntad normativa en instituciones capaces de gobernar la inteligencia artificial con eficacia y legitimidad.
