La imagen se reproduce en cada vez más aulas del continente: estudiantes con la vista fija en la pantalla, docentes luchando por captar la atención y padres oscilando entre la conveniencia y el temor. Lo que hace unos años era una discusión de pasillo ahora ocupa las agendas gubernamentales. Portugal, Francia, varios estados de Estados Unidos y comunidades españolas como Murcia ya transitan caminos restrictivos. América Latina observa con atención, pero el debate local sigue fragmentado entre la prohibición total y la libertad sin criterio.
Una tendencia global que no es neutra
No viene de los gobiernos la señal más potente, sino de la propia industria tecnológica. Ejecutivos de grandes compañías digitales mantienen a sus hijos alejados de las pantallas, mientras Bill Gates advierte que la inteligencia artificial ya cruzó umbrales de riesgo. Esta contradicción —quienes construyen la tecnología la evitan para sus familias— debería incomodar a cualquier responsable de políticas educativas.
Portugal prohibirá los móviles en los primeros ciclos escolares desde 2025/26, tras registrar una caída del acoso escolar. Francia, que ya restringió su uso en 2018, evalúa ahora endurecer la norma. En Murcia, la medida aplicada desde enero de 2024 muestra mejoras en los casos de ciberacoso reportados entre 2023 y 2024. Los datos existen, pero no cuentan la historia completa.
La prohibición no resuelve el problema de fondo
Los expertos coinciden en que vetar el dispositivo no elimina el fenómeno. Laura Cuesta, profesora de cibercomunicación, lo resume con claridad: cuando se prohíbe, los menores encuentran la manera de hacerlo a escondidas. Ferran Calvo, de la Asociación Baobab, es más directo: la prohibición como tal no evita el problema.
El informe de la UNESCO sobre doce países latinoamericanos refuerza esta lectura. El documento identifica tres modalidades de intervención —prohibición, restricción y regulación— y advierte que la mayoría de las políticas de la región se ubican en las dos últimas. La prohibición absoluta presenta un problema adicional de equidad: en sectores vulnerables, el teléfono móvil suele ser el único dispositivo de acceso a recursos digitales. Quitarlo sin alternativa profundiza la brecha que supuestamente se busca cerrar.
El desafío latinoamericano: regular sin excluir
América Latina enfrenta un dilema propio. Por un lado, la tecnología educativa se percibe como herramienta de inclusión en contextos de desigualdad persistente. Por otro, los riesgos del uso no regulado —ciberacoso, déficit de atención, exposición a contenidos dañinos— son tan reales como en cualquier otra región. La respuesta no puede copiarse de Europa ni de Estados Unidos; necesita adaptarse a las realidades locales.
Lo que sí puede importarse es el principio de que la regulación debe ir acompañada de formación. La UNESCO lo plantea como ciudadanía digital: enseñar a los estudiantes a comprender los entornos digitales, evaluar información, proteger su privacidad y actuar de manera responsable. Esto implica no solo restringir el acceso, sino ofrecer herramientas para enfrentar la desinformación, la manipulación algorítmica y los dilemas éticos que plantea la inteligencia artificial.
La IA generativa y el nuevo campo de batalla
Agrega una capa adicional al debate la expansión de la inteligencia artificial generativa. Los sistemas automatizados pueden facilitar el plagio o la dependencia excesiva en la resolución de tareas. Pero también ofrecen oportunidades pedagógicas que ningún marco regulatorio debería ignorar. La pregunta no es si los estudiantes usarán IA, sino cómo se les enseñará a usarla con criterio.
Los ejecutivos del sector educativo y tecnológico en América Latina tienen aquí un rol clave. Las políticas punitivas sin componente educativo dejan un vacío que luego se llena con improvisación. La evidencia de Murcia, Galicia o Vermont sugiere que las restricciones bien diseñadas reducen la violencia digital, pero también que el éxito sostenido depende de la capacitación de docentes, estudiantes y familias.
- Regular con excepciones pedagógicas: incluso los sistemas más restrictivos reconocen usos legítimos con fines educativos.
- Invertir en formación docente: la alfabetización digital crítica no se logra con un decreto.
- Construir acuerdos con la comunidad educativa: las decisiones impuestas desde arriba suelen fallar.
Un equilibrio que define a una generación
Es comprensible la tentación de la prohibición total. Los problemas de atención, salud mental y convivencia escolar son urgentes. Pero la historia muestra que las soluciones simplistas generan resistencias y efectos no deseados. América Latina tiene la oportunidad de diseñar políticas que combinen regulación inteligente con educación digital profunda, que reconozcan las particularidades de cada comunidad y que no conviertan a la tecnología en el enemigo.
Esa pregunta que deberían hacerse los líderes empresariales y gubernamentales no es si los móviles deben salir de las aulas, sino qué tipo de ciudadanos digitales queremos formar. La respuesta definirá no solo el próximo ciclo escolar, sino la relación de toda una generación con la inteligencia artificial y el entorno digital. Apagar la pantalla puede ser un primer paso, pero enseñar a usarla con criterio es el verdadero desafío.
El informe de la UNESCO lo plantea sin rodeos: el problema no es la presencia del teléfono, sino la falta de competencias para manejarlo. Quienes lideran la transformación educativa en la región deberían tomar nota antes de que la próxima ola regulatoria llegue sin planificación.
