Nueva York usa IA para barrer 18 millones de palabras de leyes obsoletas: lecciones para América Latina

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó una orden ejecutiva que convierte a la inteligencia artificial en la herramienta principal para auditar y modernizar el aparato administrativo del estado. La iniciativa, bautizada como Regulatory Reset dentro del programa EXPRESS NY, busca identificar y eliminar regulaciones, tarifas, multas y procedimientos que han quedado anclados en tecnologías del siglo pasado —fax, telégrafo, correo postal, firmas manuscritas— y que hoy generan demoras y costos innecesarios para ciudadanos y empresas.

El proceso ya está en marcha. Según datos de la administración estatal, los sistemas de IA analizarán aproximadamente 18 millones de palabras de leyes y regulaciones para detectar referencias a tecnologías obsoletas, informes obligatorios que ya no tienen sentido, y comisiones que operan por inercia. Hochul mencionó ejemplos concretos: una tarifa de 25 dólares para cazar con perros y la exigencia de un permiso especial para que mujeres embarazadas trabajen después de medianoche. El profesor Daniel Ho, director del Laboratorio de Regulación, Evaluación y Gobernanza de la Universidad de Stanford, señaló al New York Times que muchos informes anuales obligatorios se mantienen décadas después de haber sido declarados inconstitucionales, como uno sobre maestros subversivos en escuelas públicas que data de 1967.

Lo que hace diferente a este caso no es solo el volumen de datos procesados, sino el esquema de gobernanza que lo acompaña. La IA no decide por sí sola. En una primera etapa, los modelos —desarrollados en colaboración con Recoding America, U.S. Digital Response y el RegLab de Stanford— hacen un barrido masivo y marcan disposiciones candidatas a revisión. Luego, expertos designados en cada agencia evalúan los resultados y proponen cambios formales. Además, el estado recibió más de 4.000 propuestas de ciudadanos y organismos, muchas de ellas señalando el sinsentido de mantener el fax como canal oficial en 2026.

Para los gobiernos de América Latina, este modelo plantea preguntas incómodas pero necesarias. La mayoría de los países de la región arrastran capas superpuestas de normativa que datan de épocas pre-digitales: requisitos de papelería, timbres fiscales, sellos notariales, comparecencias presenciales para trámites que podrían resolverse en línea. Según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, los costos de la burocracia pueden representar entre el 3% y el 5% del PIB en economías emergentes. Un ejercicio similar al de Nueva York, adaptado a los contextos legales locales, podría liberar recursos significativos y mejorar la experiencia del ciudadano.

Hochul fue clara al respecto: "Los neoyorquinos dependen del gobierno estatal todos los días, pero durante demasiado tiempo la burocracia innecesaria ha ralentizado funciones esenciales del Estado". La gobernadora estima que las primeras 50 acciones del programa, ya anunciadas en junio, permitirán ahorrar decenas de millones de dólares y más de un millón de horas al año a los habitantes del estado.

Detrás de esta iniciativa hay un dato de contexto que no pasa desapercibido para quien sigue la política de infraestructura digital: Nueva York acaba de convertirse en el primer estado del país en imponer una moratoria de hasta un año sobre nuevos centros de datos hiperescalables, en un esfuerzo por regular su impacto ambiental y sobre las tarifas eléctricas. La misma administración que frena la expansión de centros de datos está usando la IA para aligerar su propio peso burocrático.

El mensaje para los ejecutivos y funcionarios latinoamericanos es doble. Por un lado, la tecnología ya está madura para asistir en tareas de revisión normativa que antes requerían equipos enteros trabajando durante años. Por otro, el éxito del modelo depende de que la automatización se combine con supervisión humana y participación ciudadana. Sin ese equilibrio, el riesgo es reemplazar una burocracia lenta por una automatización opaca.