La vigilancia de mil millones que no evitó muertes en la frontera

Una congresista demócrata de Estados Unidos quiere eliminar el programa de torres de vigilancia que el gobierno desplegó a lo largo de la frontera sur. Su argumento no es ideológico: es que la tecnología no cumplió su promesa y, en el camino, el Estado perdió la cuenta de las vidas que debía proteger. Delia Ramírez, representante por Illinois y miembro del Comité de Seguridad Nacional, anunció que presentará la Reimagining Safety Act, una legislación que no solo cancela las torres, sino que propone reemplazar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por un nuevo Departamento de Seguridad Comunitaria, trasladando funciones como las de CISA, FEMA, TSA y aduanas a otras agencias federales.

La iniciativa se apoya en una investigación de MIT Technology Review que encontró que casi una de cada cuatro muertes de migrantes analizadas entre 2015 y 2026 ocurrió dentro del rango de alcance de estas torres. En total, unas 1.100 personas fallecieron en esas zonas. El dato más inquietante: el DHS no lleva registro de esas muertes ni cuenta con métricas para evaluar si las torres funcionan. No se sabe cuántas vidas salvaron, cuántas pudieron salvar y no salvaron, ni cuánto costó cada operación exitosa.

Un artículo académico sobre la clasificación de muertes de personas que cruzan la frontera sin documentos añade otra capa: la categoría de muerte depende del criterio del médico forense y de las circunstancias investigadas, no de un sistema centralizado y verificable. Cuando las agencias encargadas de la vigilancia no recolectan esos datos, la magnitud real del problema permanece invisible.

El negocio de la vigilancia

El caso de las torres no es un capricho mal ejecutado. Es parte de un ecosistema tecnológico que creció de forma acelerada. Según el informe The Tech Behind ICE, elaborado por Mijente, Just Futures Law y Surveillance Resistance Lab, los fondos federales destinados a sistemas de vigilancia, inteligencia artificial y defensa vinculados al DHS pasaron de unos 1.500 millones de dólares en 2020 a 6.000 millones en 2025. La ley One Big Beautiful Bill Act elevó el presupuesto de ICE de unos 10.000 millones anuales a más de 85.000 millones, mientras que CBP recibió una inyección adicional de más de 60.000 millones.

Ese dinero alimenta a empresas de datos, reconocimiento facial y análisis predictivo: el informe documenta los contratos de ICE con compañías como Palantir, Clearview AI y Cellebrite, y muestra cómo una red de firmas tecnológicas, muchas de ellas financiadas por capital de riesgo, se ha vuelto imprescindible para la maquinaria migratoria. La solicitud de presupuesto militar para 2027 incluye 53.600 millones de dólares para tecnología no tripulada y 46.000 millones para infraestructura de inteligencia artificial. La vigilancia no se está achicando; se está acelerando.

El problema, señala el informe, es que este crecimiento ocurre sin supervisión externa. No hay mecanismos de cumplimiento, no hay evaluación de impacto en derechos civiles y no hay transparencia sobre la precisión de los algoritmos. La inteligencia artificial se usa para priorizar arrestos, identificación biométrica y vigilancia de redes sociales, con errores que pueden significar la diferencia entre la detención y la libertad de una persona. Y aunque el discurso oficial justifica estas herramientas para controlar la inmigración, el mismo aparato puede vigilar a periodistas, manifestantes y ciudadanos comunes: la infraestructura pensada para la frontera se convierte en una red de control más amplia.

La pregunta para América Latina

Para los gobiernos y las empresas de la región, el caso tiene una lectura directa. La frontera sur de Estados Unidos es el destino de una parte importante de la migración latinoamericana, y las mismas tecnologías que fracasaron allí — torres de vigilancia, reconocimiento facial, bases de datos biométricas — se ofrecen hoy a los países de la región como solución para control de fronteras y seguridad pública. La tentación de comprar "seguridad inteligente" es comprensible, pero la experiencia estadounidense muestra dos riesgos concretos: el gasto puede ser enorme y no producir resultados medibles, y la falta de métricas permite que el fracaso se arrastre durante años sin que nadie rinda cuentas.

Ramírez, que ha impulsado además audiencias sobre el uso de inteligencia artificial y ha pedido investigaciones sobre el uso excesivo de fuerza del DHS, resume su postura en su página oficial: hay que abandonar décadas de políticas fronterizas fallidas y dejar de usar a los solicitantes de asilo como chivos expiatorios. Su propuesta tiene un futuro político incierto y aún no se publica el texto final, pero ya logró algo concreto: abrir una pregunta que las agencias de seguridad de todo el continente prefieren evitar. Si una tecnología de mil millones de dólares no demuestra que funciona, ¿quién debería pagar el costo de seguir usándola?