El 21 de julio de 2026 el juez federal William Alsup dictaminó en Bartz v. Anthropic que comprar libros físicos, cortarles el lomo, escanearlos en máquinas industriales y destruir los originales constituye "uso justo" bajo la ley de derechos de autor estadounidense. La lógica del fallo es contundente: la copia digital reemplaza al objeto físico y, al no compartirse ni venderse fuera de la empresa, el proceso es "claramente transformador".
La sentencia no surgió en el vacío. Meses antes, libreros de Badalona, Haarlem, Victoria y Wellington reportaron pedidos masivos de títulos oscuros —historia de los embutidos catalanes, manuales médicos de 1987, tesis de ingeniería de 1995— pagados con sobreprecio de envío y sin preguntas. Una investigación de 404 Media rastreó un envío hasta la instalación VGT3 de Amazon en Las Vegas, identificada con el símbolo de un dinosaurio sosteniendo un libro. Amazon confirmó que "compra libros a través de canales comerciales para mejorar productos y servicios".
Proyecto Panamá es el nombre interno del fenómeno. Documentos filtrados en el juicio contra Anthropic —que acordó pagar 1.500 millones de dólares en septiembre de 2025— describían el plan como "nuestro esfuerzo para escanear de forma destructiva todos los libros del mundo" con la instrucción explícita: "No queremos que se sepa que estamos trabajando en esto".
La economía del colapso
No es capricho la urgencia. Los modelos de lenguaje grandes (LLM) se entrenan prediciendo la siguiente palabra a partir de estadísticas masivas de texto humano. Hasta 2022 ese texto provenía de internet: Wikipedia, blogs, foros, subtítulos de YouTube. Pero la red ya se agotó y, peor aún, se contaminó: cada vez más contenido en línea es generado por la propia IA. Entrenar modelos con salidas de otros modelos produce "colapso del modelo", una degradación progresiva de calidad que los investigadores comparan con la endogamia genética.
Los libros físicos pre-2022 son, por tanto, el último refugio de datos 100 % humanos. Y entre ellos, los raros —tiradas de 200 ejemplares, monografías agotadas, fanzines sin ISBN— valen oro porque no están en los datasets estándar que ya poseen todas las grandes empresas.
Crea el fallo Alsup un incentivo perverso: destruir el original hace el proceso más protegido legalmente que conservarlo. Mantener el libro físico haría la copia menos "transformadora". Ingram Content Group, mayor distribuidor estadounidense, reaccionó creando un formulario de opt-out para editores, pero su eficacia depende de que los titulares de derechos lo usen y los distribuidores lo respeten.
El flanco latinoamericano
América Latina no es espectadora. La región alberga archivos coloniales, bibliotecas universitarias centenarias, colecciones privadas y mercados de libro antiguo en Buenos Aires, México DF, Bogotá, Lima y Santiago. Muchos ejemplares son únicos o casi únicos y carecen de depósito legal sistemático. El ISBN —requisito para la trazabilidad comercial— no existe en la disidencia política, la contracultura, la literatura LGTBI ni los fanzines underground que Marçal Font, el librero catalán que destapó la red, señala como invisibles para el radar digital.
Los marcos jurídicos latinoamericanos no contemplan una doctrina de "fair use" tan expansiva como la estadounidense. La mayoría de los países aplican excepciones taxativas y limitadas al derecho de autor. Sin embargo, la cadena de suministro es global: intermediarios en Singapur, Canadá o Europa compran a libreros locales que venden sin saber el destino final. La opacidad del comprador final —empresas anónimas que niegan ser intermediarias— impide el consentimiento informado.
Para un ejecutivo latinoamericano que desarrolla o contrata IA, el riesgo es doble. Primero, reputacional: usar modelos entrenados con corpus obtenidos mediante destrucción de patrimonio cultural expone a campañas de boicot y litigios transfronterizos. Segundo, técnico: la carrera por datos escasos acelera el colapso del modelo. Si la industria destruye los libros humanos para entrenar modelos que luego generan el texto con el que se entrenarán los siguientes modelos, la degradación de calidad es estructural.
¿Conservación o extracción?
No es conservación la digitalización. El archivo digital queda en bases de datos privadas, fuera del alcance de lectores, bibliotecas e investigadores. Se pierden encuadernaciones, anotaciones marginales, ex libris, calidad de papel, procedencia —metadatos que, como recuerda Font, son los que permiten reconstruir el sentido real de un texto. En los siglos XV y XVI, el paso del manuscrito a la imprenta también perdió información; se resolvió añadiendo metadatos. Hoy, la industria omite ese paso.
Miguel Ángel Ortega, presidente de UNILIBER (Asociación Profesional del Libro y Coleccionismo Antiguos de España), lo resume: dos libros con el mismo texto pueden tener un valor cultural radicalmente distinto. La ley de derechos de autor protege la expresión, no el objeto físico. Pero cuando el objeto físico es el último testigo de una historia colectiva, su destrucción para alimentar una caja negra corporativa plantea una pregunta que ningún fallo judicial resuelve: ¿quién autoriza borrar la memoria para predecir la siguiente palabra?
Conviene preguntarse qué libro único dejó de existir para que esa predicción fuera posible, la próxima vez que un modelo genere un párrafo coherente sobre historia de la medicina colonial andina.
