Opinión Infancia digital: la privacidad que nadie protege
El 15% de los menores españoles ya pide a sus padres que no los expongan en redes. Las prohibiciones no bastan sin educación y responsabilidad de las plataformas.
Primero fue la propia industria la que encendió las alarmas. Padres que trabajan en Silicon Valley, ejecutivos de grandes tecnológicas que prefieren que sus hijos no usen las mismas herramientas que diseñan, o que directamente no publican fotos de sus pequeños en Facebook o Instagram. No es una anécdota: el propio fundador de Meta evita exponer a sus hijos en público digital. Cuando los arquitectos del mundo conectado blindan a sus propias familias, debería resonar una pregunta incómoda para el resto de la sociedad: ¿qué sabemos nosotros que ellos prefieren ignorar?
Pero los datos ya están sobre la mesa. Una encuesta reciente en España reveló que un 15 % de los menores pidió a sus familias que dejen de publicar fotos o videos suyos en redes sociales, y un 9 % solicitó eliminar contenido ya compartido. No son números menores: reflejan que los niños y adolescentes son más conscientes del alcance de lo que se publica que muchos adultos. Y la conciencia llega tarde: el 29 % de los padres que comparten imágenes admite haberse arrepentido, aunque solo el 14 % tomó medidas concretas como borrar el contenido.
La huella que no se borra
Hablamos de "sharenting", un anglicismo que combina share y parenting, y que describe la práctica de exponer a los menores en plataformas digitales. Un estudio académico reciente lo define como un problema ético que puede vulnerar derechos fundamentales de la infancia, especialmente porque se construye una identidad digital sin consentimiento. Los expertos hablan de una huella que empieza a formarse incluso antes de que la persona pueda decidir sobre ella, y que en el futuro puede tener implicaciones laborales, sociales y psicológicas difíciles de revertir.
En la era de los algoritmos, esta huella no solo queda registrada en servidores: alimenta sistemas de inteligencia artificial que aprenden a reconocer rostros, predecir comportamientos y perfilar intereses. La imagen de un niño publicada hoy puede ser utilizada mañana por tecnologías de reconocimiento facial o para entrenar modelos que no contemplan su consentimiento. La privacidad infantil no es solo un tema de decoro familiar: es una cuestión de derechos digitales que la IA vuelve más urgente.
Australia se convirtió en el primer país en prohibir el acceso a redes sociales para menores de 16 años. Austria, Indonesia y otros países anuncian medidas similares. Pero las regulaciones generales basadas únicamente en la edad pueden ser arbitrarias y no garantizar protección real.
El rol de las plataformas
El debate se centra en los padres, pero la responsabilidad es compartida. Las plataformas diseñan productos que capturan la atención de los más vulnerables con notificaciones, feeds infinitos y algoritmos que amplifican contenido dañino. Esta realidad obliga a preguntarse si la industria tecnológica está haciendo lo suficiente o si, como en otros ámbitos, espera que la regulación la obligue a actuar.
Las soluciones pasan por combinar educación digital, verificación de edad respetuosa con la privacidad y un compromiso real de las empresas para diseñar productos éticos desde su origen. Pero también hay una dimensión cultural que los líderes latinoamericanos deben asumir: formar a las familias en el uso crítico de la tecnología, fomentar conversaciones que hoy no existen y cuestionar la idea de que la exposición pública de los hijos es un trofeo o una necesidad.
Para los directivos y ejecutivos de la región, la reflexión es doble. Como padres, tienen la responsabilidad de proteger a sus hijos de un ecosistema que no fue pensado para ellos. Como líderes de organizaciones que adoptan tecnología de punta, tienen la oportunidad de impulsar políticas de privacidad por diseño, de exigir transparencia en los algoritmos y de financiar programas de alfabetización digital en las escuelas. La pregunta no es si vamos a prohibir las redes sociales a los menores, sino cómo vamos a garantizar que crezcan en un entorno digital que no comprometa su dignidad ni su futuro.
