El próximo 3 de diciembre, veintisiete secretarios de Hacienda estatales se sentarán en el Confaz para votar una medida que, en la práctica, decide si Brasil será el cerebro computacional de América Latina o un espectador caro. No hay dramatismo excesivo en la frase: la aritmética es brutal y los competidores no esperan.
Brasil llegó a la mesa con las mejores cartas. La matriz eléctrica más limpia del G20, 215 millones de consumidores, cables submarinos que unen Atlántico y Pacífico, y un marco federal de incentivos —el Redata— aprobado por el Congreso tras años de negociación. Todo listo para atraer los 92.000 millones de dólares que Brasscom proyecta entre 2025 y 2031. Falta una sola cosa: que los estados renuncien a su porción del ICMS, el impuesto estatal que hoy representa el 64% de la carga tributaria sobre servidores, GPUs, switches y sistemas de refrigeración.
Sin esa reducción del 90% que reclaman once frentes parlamentarias y 31 entidades, un centro de datos de 100 MW —mil millones en infraestructura y cuatro a cinco mil millones en equipamiento— sale 36% más caro que en Estados Unidos. El Redata solo recorta 4% del capex; la combinación con el ICMS baja 21%. La diferencia es el margen entre cerrar el negocio o perderlo.
El costo de la vacilación ya se pagó. Mientras el Confaz pospuso la votación en marzo esperando el régimen federal, el sector se paralizó. Elea Data Centers, operadora de nueve instalaciones, registró en 2025 apenas una décima parte de los 25.000 millones de reales anuales promediados entre 2020 y 2024. "Nadie construyó data center nuevo en 2025. Paró el sector", resume Alessandro Lombardi, su presidente. En ese mismo lapso, India aprobó su régimen análogo en enero y anunció 100.000 millones hasta 2035 vía el conglomerado Adani, atrayendo a Anthropic a Bangalore. México capturó el 50% de los data centers entregados en la región en 2024; Brasil se conformó con el 32%.
Para completar el cuadro, la Resolución 852/26 del Gecex elevó de 3,6% a 20% el impuesto de importación sobre bienes de informática a inicios de mes. Sergio Sgobbi, director de Brasscom, lo resume sin anestesia: "El esfuerzo puesto en el Redata tendrá casi nulidad". La industria local —representada por Abinee— aplaude la subida argumentando defensa del empleo nacional. Los hiperescaladores, en medio, importan equipos estandarizados y globalizados. El Ex-tarifario permite pleitear alícuota cero para ítems sin similar nacional, pero exige una tramitación burocrática de 140 días promedio. Planificar una inversión de décadas con esa incertidumbre es, cuando menos, temerario.
Lo que está en juego trasciende la hoja de cálculo. Los data centers dejaron de ser activos empresariales para convertirse en infraestructura crítica de IA, nube, investigación científica y administración pública. Quien controla la capacidad de procesamiento define qué modelos corren, con qué datos, bajo qué jurisdicción. La soberanía computacional no es una abstracción: es la capacidad de una nación de entrenar y desplegar sus propios modelos sin depender de cables que cruzan fronteras ajenas.
La rareza política del momento debería alarmar más que tranquilizar. En año electoral, Lula y Flávio Bolsonaro —rivales en casi todo— coinciden en impulsar los centros de datos como motor de empleo, inversión extranjera y soberanía de datos. El proyecto Rio AI City, 65.000 millones de dólares en la segunda ciudad del país, espera la señal. Microsoft comprometió 14.700 millones de reales en tres años; AWS, 10.100 millones para 2034; TikTok construye en el complejo portuario de Pecém, Ceará, con 50.000 millones de reales de impacto económico anunciado. La opinión pública brasileña, a diferencia de la estadounidense, ve la infraestructura como progreso, no como amenaza a la factura eléctrica.
Pero el federalismo fiscal brasileño tiene vetos que la política no siempre sabe sortear. La votación del Confaz requiere unanimidad. Los estados temen la merma inmediata de recaudación, aunque el manifiesto entregado al consejo argumenta que el efecto indirecto —construcción civil, energía, telecom, servicios especializados, recaudación futura— compensa con creces. Tito Costa, de Tecto Data Centers (subsidiaria de V.Tal/BTG Pactual), lo enmarca en términos de previsibilidad: "Proyectos de gran escala exigen planeamiento por décadas. Variaciones de ICMS entre estados, clasificación fiscal NCM y burocracia del Ex-tarifario impactan previsibilidad y timing".
Brasil tiene la energía, la geografía, el mercado y el marco legal federal. Las fichas están sobre la mesa. La pregunta que queda para el 3 de diciembre es si los 27 secretarios tienen la visión —y la voluntad política— de igualar la apuesta estatal, o si la mano ganadora pasará, por defecto, a quien ofrezca estabilidad tributaria y energía limpia: dos cartas que Brasil ya posee pero se niega a jugar.
