El veto a Palantir: soberanía digital o cortina de humo

El gobierno español ha decidido cortar el grifo a Palantir Technologies. La orden, transmitida a empresas bajo el paraguas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), busca evitar que el gigante estadounidense acceda a datos sensibles vinculados a la seguridad nacional. La medida abarca a compañías como Telefónica, Indra y Correos, y detiene procesos ya avanzados, como el contrato con la Guardia Civil que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, frenó en seco. En Navantia también se dio marcha atrás. La intención es clara: proteger la soberanía frente a una empresa que, por sus vínculos con figuras políticas controvertidas y su historial de opacidad, genera desconfianza en media Europa.

Un veto necesario pero insuficiente

No es un caso aislado. Francia anunció en junio que cesará su cooperación con Palantir; el responsable de ciberdefensa del ejército alemán, Thomas Daum, ya ha declarado que no firmará nuevos contratos; Dinamarca, Países Bajos y Suiza han expresado su rechazo; y el Reino Unido, que cedió parte de su sistema sanitario a la empresa, está recortando lazos. Todos ven la misma amenaza: una compañía que maneja datos masivos y que ha demostrado una cercanía incómoda con el poder político estadounidense, incluido el entorno de Donald Trump, puede convertirse en un vector de filtración o presión geopolítica.

Pero la decisión española, aunque bienintencionada, deja al descubierto una carencia estructural. Europa no tiene un sustituto real para las capacidades de análisis de datos e inteligencia artificial que ofrece Palantir. Las plataformas de defensa, seguridad e inteligencia dependen de software importado, y la alternativa suele ser Big Tech estadounidense: Google, Microsoft o Amazon, con sus propias agendas y vulnerabilidades. Vetar a un proveedor sin tener un plan claro de sustitución es como cerrar una puerta sin construir una nueva salida. El resultado es que las instituciones públicas quedan atrapadas entre la necesidad operativa y la paranoia de la dependencia extranjera.

Soberanía real: de la retórica a la inversión

El riesgo es que el veto se convierta en una cortina de humo. Una medida que tranquiliza a la opinión pública —“hemos echado a Palantir”— pero que no resuelve el problema de fondo: la Unión Europea carece de un ecosistema propio de inteligencia artificial lo suficientemente maduro como para reemplazar a estos gigantes. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas españolas presionan para renovar el contrato con el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, que vence en noviembre. Los altos mandos intentan convencer a la ministra de Defensa, Margarita Robles, de que un corte abrupto paralizaría operaciones críticas. Esa tensión revela la verdad: la dependencia no se rompe con un decreto; se rompe invirtiendo en alternativas soberanas.

Si España y la UE quieren que este veto tenga un impacto real, deben acelerar la creación de su propio tejido tecnológico. Eso implica financiar startups locales de IA, desarrollar infraestructuras de datos soberanas —como los proyectos de cloud europeo GAIA-X o los centros de computación cuántica en la región— y, sobre todo, diseñar políticas que fomenten la innovación sin caer en la misma lógica de vigilancia que se critica en Palantir. De lo contrario, el veto será un gesto vacío: un parche que no cura la herida de la dependencia y que, además, deja a las instituciones públicas operando con herramientas de segunda categoría.

La decisión del gobierno español es correcta como señal política, pero se queda corta como estrategia. La soberanía digital no se logra prohibiendo a los sospechosos habituales; se construye con inversión, talento y voluntad de competir en el mercado global de la inteligencia artificial. Si Europa sigue apostando por la retórica sin presupuesto, el próximo veto —a Google, a Amazon o a cualquier otro— será igual de simbólico e igual de insuficiente.