La campaña electoral estadounidense de 2026 ha convertido a los centros de datos en el blanco político más inusual del ciclo: republicanos y demócratas coinciden en atacarlos. Según el rastreador AdImpact, se han invertido más de 31 millones de dólares en spots televisivos que los mencionan, y el 99 % de ese gasto va en contra de la infraestructura que sostiene a la inteligencia artificial. El fenómeno no es anecdótico: en julio, el 8 % de toda la publicidad política en televisión abierta giró en torno a este tema, frente a menos del 1 % en 2025.
La lectura para los ejecutivos latinoamericanos es directa. La misma infraestructura que las grandes tecnológicas planean replicar en México, Brasil, Chile o Colombia —con más de 2.000 proyectos en cartera solo en EE. UU., según Cleanview— enfrenta ya un rechazo transversal que mezcla alza de tarifas eléctricas, disputa por el suelo y temor a la automatización del empleo. Ignorar esa dinámica equivale a construir sobre arena movediza.
El costo energético como detonante
Un informe de Goldman Sachs proyecta un alza del 6 % en la factura eléctrica nacional estadounidense durante el próximo año, con picos mayores en las zonas aledañas a los campus de servidores. Ese dato alimenta la narrativa de campaña: en Míchigan, un candidato filma su spot desde un campo agrícola que dice estar "en riesgo de ser reemplazado por un centro de datos masivo que disparará nuestras facturas de luz y arruinará el valor de nuestras viviendas". En Misuri, los dos aspirantes republicanos a la ejecutiva del condado de St. Charles destinaron el 99 % de su presupuesto televisivo a acusarse mutuamente de favorecer a los promotores; el condado terminó aprobando una moratoria de seis meses.
Cualquier acuerdo de suministro que no aísle explícitamente al usuario final de los picos de demanda de los hiperscalers será cuestionado en cuanto aparezca la primera alza.
La trampa de los incentivos fiscales
Ohio ilustra el giro. El senador republicano Jon Husted, como vicegobernador, celebró en 2019 la llegada de un centro de Google de 600 millones de dólares. Hoy, su rival demócrata Sherrod Brown ha invertido 3,5 millones en anuncios que lo señalan como "la cara de los centros de datos en Ohio" y promete obligarlos a "pagar el costo total de su electricidad, no tú". Husted ha respondido presentando la "Ley de Protección al Usuario", que busca blindar las tarifas residenciales.
El patrón se repite en Wisconsin, donde la primaria demócrata ganó Francesca Hong con una plataforma de moratoria total, y el republicano Tom Tiffany contraataca exigiendo eliminar los incentivos estatales al sector. La lección estadounidense sugiere que esos paquetes pueden volverse pasivos políticos en cuanto la percepción ciudadana asocie la instalación con encarecimiento de servicios básicos.
La opinión pública ya se movió
Tres encuestas recientes delinean el terreno: Fox News (julio) detecta 70 % de oposición a construir centros de datos locales para IA; Reuters/Ipsos (junio) encuentra 59 % en contra si el sitio está a menos de 16 kilómetros; Pew Research (agosto) muestra que el 52 % de los estadounidenses está más preocupado que entusiasmado por la IA cotidiana, frente al 37 % de 2021, con mayoría esperando destrucción neta de empleo. Clifford Young, de Ipsos, lo resume: "No es intrínsecamente un tema de derecha o izquierda. Es un hombre del saco para todos. Juega con la creencia subyacente de que el sistema está roto".
Sumar la huella física —torres de refrigeración, líneas de alta tensión, consumo hídrico— a la ansiedad algorítmica crea una coalición de oposición que trasciende ideologías y puede activarse en concejos municipales, legislaturas provinciales o referéndums locales.
La respuesta de la industria: opacidad y chequera
Frente al asedio, los PACs ligados a OpenAI, Meta, Google y Anthropic han volcado millones en carreras clave, pero sus anuncios evitan mencionar IA o centros de datos. Un super PAC financiado parcialmente por un ejecutivo de OpenAI compró millones en spots sin aludir al tema, según la revisión de CNN. La estrategia sugiere que el sector prefiere influir entre bambalinas antes que defender la infraestructura en público.
Para los tomadores de decisión en LatAm, la señal es clara: la licencia social no se compra con lobby federal; se gana o pierde en el territorio. Los acuerdos de confidencialidad (NDA) que suelen acompañar la llegada de hiperscalers impiden el escrutinio ciudadano temprano y alimentan la desconfianza cuando la obra ya está en marcha.
Qué vigilar antes de firmar el próximo PPA
- Cláusulas de aislamiento tarifario: exigir que el contrato de compra de energía (PPA) o la concesión de red garanticen que los sobrecostos de refuerzo de red no se trasladan a la tarifa residencial.
- Métricas de agua y suelo públicas: publicar dashboards en tiempo real de extracción hídrica, ocupación de suelo y emisiones de alcance 2 y 3 del campus.
- Fondos de transición laboral: condicionar incentivos a la creación de fondos gestionados tripartitamente (Estado, empresa, sindicatos) para reciclaje de trabajadores desplazados por automatización en la zona de influencia.
- Ventana de participación vinculante: establecer audiencias previas con poder de veto condicionado a umbrales técnicos, no solo consultivas.
El rechazo bipartidista en EE. UU. no frena la carrera global por la capacidad de cómputo, pero obliga a internalizar costos políticos que hasta ahora se externalizaban. América Latina tiene la ventaja de la anticipación: puede diseñar marcos regulatorios que eviten el choque frontal entre infraestructura de IA y bienestar local. La alternativa es descubrir, tarde, que el centro de datos que hoy celebra el ministro de Economía mañana ilustra el spot del candidato que promete "parar el saqueo".
