Cuando el barrio dice no: la oposición social que frena a los centros de datos

En 2015, Apple anunció con bombos y platillos la construcción de un centro de datos en Athenry, Irlanda. Una inversión de mil millones de dólares en 500 acres que prometía energía renovable, senderos y reforestación. La compañía no esperaba que un grupo de vecinos, preocupados por el ruido, la contaminación lumínica y el impacto en la fauna local, lograra frenar el proyecto durante tres años hasta que Apple lo abandonó en 2018. La historia se repite hoy a escala global: mientras la inteligencia artificial dispara la demanda de infraestructura de cómputo, las comunidades locales están diciendo basta.

En Estados Unidos, al menos 75 proyectos de centros de datos han sido bloqueados o retrasados por la oposición ciudadana, según reportes recientes. Los argumentos son casi siempre los mismos: el consumo desmedido de energía, el ruido de los generadores de respaldo, el impacto visual y, sobre todo, la sed de agua que estas instalaciones requieren para refrigerar servidores. En un mundo donde cada clic de IA generativa puede consumir hasta diez veces más electricidad que una búsqueda tradicional, la ecuación se vuelve insostenible.

Chile es el caso más elocuente para América Latina. En la Región Metropolitana de Santiago, la fiebre por instalar centros de datos choca de frente con una megasequía que ya dura más de una década. Los humedales de Quilicura y Lampa —ecosistemas urbanos que actúan como esponjas naturales y refugios de biodiversidad— están siendo presionados por el avance inmobiliario y ahora por la promesa de gigantes tecnológicos que quieren poner sus servidores cerca de los usuarios. Un estudio de la Universidad de Chile documentó cómo desde 1985 la superficie de humedales como Kula Kura y Puente Negro se ha reducido drásticamente, mientras la acción humana y la sequía meteorológica aceleran su degradación. La llegada de centros de datos no haría más que agravar esa tensión.

Para los ejecutivos latinoamericanos que evalúan dónde instalar su próxima infraestructura en la nube, la lección es clara: la licencia social vale tanto como el permiso ambiental. No basta con tener energía barata o incentivos fiscales. Las comunidades están organizadas, informadas y dispuestas a judicializar cualquier proyecto que amenace su calidad de vida. En Athenry, los vecinos llevaron el caso hasta el Tribunal Supremo irlandés. En Chile, los colectivos ambientalistas ya han frenado centrales hidroeléctricas y mineras. Los centros de datos no serán la excepción.

El verdadero desafío no es técnico sino de confianza. ¿Cómo construir una infraestructura crítica para la transformación digital sin repetir los errores de la minería o la industria extractiva? Algunas empresas comienzan a entenderlo: transparencia total en las cifras de consumo de agua y energía, participación temprana de la comunidad en el diseño del proyecto, y compensaciones que vayan más allá de lo simbólico, como la restauración de humedales o la inversión en redes locales de energía renovable. Pero el camino es estrecho.

Para América Latina, que concentra algunos de los acuíferos más frágiles del planeta y una red eléctrica que ya cruje, la pregunta incómoda es: ¿podemos sostener una economía digital sin sacrificar los ecosistemas que nos sostienen a todos?