CISAC advierte 21 % de ingresos de creadores audiovisuales latinos en riesgo 2028

La inteligencia artificial no solo aprende de datos: se alimenta de obra humana. Cada modelo fundacional que impresiona al mercado ha sido entrenado con millones de libros, guiones, canciones, imágenes y códigos creados por autores que nunca dieron su consentimiento ni recibieron compensación. En América Latina, esa asimetría adquiere dimensiones críticas: la región provee materia prima cultural a empresas globales que devuelven servicios de IA a precios que excluyen a los propios creadores.

El estudio económico de la CISAC presentado en Cartagena cuantifica el daño: hasta el 21 % de los ingresos de creadores audiovisuales latinoamericanos podría evaporarse para 2028, lo que equivale a 4.500 millones de euros anuales. Dos mecanismos operan en simultáneo: el uso no autorizado de obras protegidas para entrenamiento y la sustitución progresiva de contenidos humanos por sintéticos. No es especulación futura; directores colombianos como Víctor Quesada y Luis Enrique Vanegas ya compiten contra "sistemas de producción completos que escriben y generan contenido a una velocidad distinta".

Así, la respuesta institucional empieza a moverse. En agosto de 2025 nació la Coalición justicIA, aglutinando a más de 30 organizaciones de gestión colectiva —desde Abramus en Brasil hasta SGP en Perú, pasando por CDR en Colombia y CADRA en Argentina—. Su exigencia es nítida: transparencia sobre qué obras alimentan los datasets y licencias que garanticen retribución proporcional al valor generado. El mensaje es claro: sin creatividad humana no hay IA, y esa creatividad merece reconocimiento jurídico y económico.

El marco legal latinoamericano, sin embargo, arrastra un vacío peligroso. En Colombia, la Dirección Nacional de Derecho de Autor (Resolución 185 de 2023) ya sentenció que los prompts no confieren autoría: las imágenes de Midjourney pasaron a dominio público por falta de intervención humana significativa. El Proyecto de Ley 043 de 2025 busca revertir esa inercia exigiendo consentimiento expreso para entrenamiento, con sanciones de hasta 3.000 salarios mínimos. Perú y Chile ya tienen leyes aprobadas; Brasil tramita su PL 2338 inspirado en el AI Act europeo. La fragmentación regulatoria regional beneficia a quien opera sin fronteras.

Para un ejecutivo latinoamericano, el riesgo no es solo reputacional. Una empresa que integre modelos entrenados con obra no licenciada expone su cadena de valor a contingencias legales crecientes: demandas colectivas, bloqueos de servicio, multas retroactivas. La jurisprudencia mexicana (TFJA) y las directrices andinas (Decisión 351) consolidan la autoría como atribución exclusiva de personas físicas. Cualquier output 100 % generado por IA carece de protección registrable hoy; mañana, el uso del modelo que lo produjo puede ser cuestionado.

Cinco vértices tiene la hoja de ruta práctica para directores de tecnología, producto y legal:

• Auditoría de proveedores: Exigir declaraciones de transparencia sobre datasets de entrenamiento (estándares como TDMRep o ai.txt son punto de partida).
• Licenciamiento proactivo: Negociar acuerdos con sociedades de gestión colectiva (DASC, SAYCO, APDAYC, UBC, etc.) antes de que la regulación los vuelva obligatorios y costosos.
• Trazabilidad interna: Documentar intervención humana significativa en todo flujo asistido por IA —edición, curación, decisión estratégica— para preservar titularidad sobre los entregables.
• Presupuesto de cumplimiento: Modelar el costo de licencias y adaptación normativa como CapEx recurrente, no gasto extraordinario.
• Voz en la mesa: Participar en consultas públicas y cámaras sectoriales (ANDI, CAMARA, ASIET) para que la regulación equilibre innovación y derechos, evitando copias literales del AI Act que ignoren la realidad de economías emergentes.

Esa trampa del "suficientemente bueno" que venden herramientas como Claude Design —donde una iteración consume 40 % del cupo semanal de tokens de un equipo latinoamericano— es la misma que enfrentan los creadores: velocidad a cambio de criterio, eficiencia a cambio de autonomía. Regular no es frenar; es establecer las reglas del juego para que la extracción de valor deje de ser unilateral. América Latina tiene la oportunidad de legislar con soberanía antes de que el próximo modelo fundacional se entrene con su cultura sin pagar la cuenta.