Opinión Baterías chinas: el precio de la seguridad energética de EE. UU.
La orden ejecutiva que prohíbe baterías chinas en la red eléctrica de EE. UU. enciende un debate: ¿conviene pagar más por soberanía tecnológica? Los datos y las lecciones para América Latina.
El dilema no es nuevo, pero la urgencia sí. Estados Unidos declaró una emergencia nacional a fines de agosto para vetar el uso de baterías chinas en sistemas de almacenamiento a escala de red, justo cuando su mercado de almacenamiento de energía bate récords de crecimiento. Ese crecimiento se sostiene, en buena medida, sobre celdas baratas fabricadas en China. La pregunta incómoda es cuánto está dispuesto a pagar el país por dejar de depender de un competidor estratégico.
Las cifras explican por qué el asunto escala a emergencia nacional. Según la Agencia Internacional de Energía, China produce alrededor del 85% del material activo de cátodos del mundo, más del 90% de los ánodos y cuatro de cada cinco celdas de batería fabricadas globalmente. El dominio llega al refinado: el 95% del espodumeno, la principal mena de litio, se procesa en territorio chino aunque el mineral se extraiga en Australia, Chile o Argentina. Esa concentración no tiene equivalente en ninguna otra tecnología crítica de la era moderna.
Washington ha ensayado varios caminos para romper el nudo. Los créditos fiscales de la Inflation Reduction Act de 2022 condicionaron beneficios al origen de los minerales; la reforma de 2025 mantuvo el espíritu y la nueva legislación exige que, desde 2026, el 55% del costo de materiales de proyectos de almacenamiento provenga de fuera de China. A eso se suman aranceles y un desembolso inicial del Departamento de Energía de 500 millones de dólares para siete empresas de minerales, fabricación y reciclaje, dentro de programas dotados con 3.000 millones cada uno.
La escala es el problema. Analistas citados por CNBC advierten que esa cifra palidece frente a lo necesario: unos 24.000 millones de dólares en proyectos de baterías anunciados desde enero de 2025 ya fueron cancelados, según Atlas Public Policy. Tu Le, fundador de Sino Auto Insights, es lapidario: "Se necesitan décadas y decenas, si no cientos de miles de millones de dólares" para igualar la cadena china. "No tenemos décadas. Tenemos cinco, seis, siete años".
Ahí aparece la fricción más visible: el caso Ford. El secretario de Transporte, Sean Duffy, envió una carta al CEO Jim Farley instándolo a cortar lazos con CATL, el mayor fabricante mundial de baterías y empresa incluida en la lista de prohibidos del Departamento de Guerra, además de una nueva asociación con Geely. Duffy advirtió que profundizar dependencias operativas con competidores estratégicos contradice la confianza que el público deposita en un socio industrial.
Ford respondió con dureza, calificando la misiva de intento de captar titulares y defendiendo su planta de Marshall, Michigan, que sostiene 1.700 empleos bajo un acuerdo de licencia de tecnología, no una empresa conjunta. La disputa revela el choque entre la lógica industrial del corto plazo y la lógica estratégica del Estado.
La postura de esta columna es clara: el sacrificio es necesario. La dependencia de baterías chinas no es un simple tema de costos; es un riesgo existencial para la infraestructura crítica de cualquier país que pretenda electrificar su matriz energética. Si China decidiera restringir sus exportaciones como ya hizo con las tierras raras en 2025, la red estadounidense quedaría expuesta en un punto ciego. Pagar más por celdas domésticas es, en el fondo, una prima de seguro contra el chantaje geopolítico.
Qué mira América Latina
Para los ejecutivos latinoamericanos, la lección es doble. Primero, la concentración de la cadena de valor no es un problema exclusivo de EE. UU.: la región posee el litio, pero exporta materia prima y reimporta tecnología carísima. Segundo, las políticas industriales de Washington —créditos condicionados, aranceles, exigencias de contenido local— van a reconfigurar los flujos comerciales globales, y América Latina puede quedar atrapada como proveedora de minerales sin capacidad de procesamiento.
Calcular el costo de la transición energética solo en dólares por kilovatio-hora ya no es suficiente. Incluye la soberanía sobre la infraestructura que sostendrá la red del futuro. La pregunta que deberían hacerse los gobiernos y las empresas de la región es incómoda: si EE. UU., con su tamaño y su capital, necesita siete años para intentar ser competitivo, ¿cuánto tiempo necesita un país sin escala, sin financiamiento y sin política industrial? La respuesta debería preocupar a cualquiera que planifique inversiones energéticas en la próxima década.
