Opinión Anthropic compra y escanea libros piratas para entrenar IA y el juez lo permite
Anthropic compra libros usados, los despieza y escanea página a página para evitar licencias. Un juez validó el entrenamiento pero multó con $1.500 millones por usar fuentes piratas. La 'transformación' es una coartada para el acaparamiento masivo de cultura.
La sentencia del juez William Alsup en el caso contra Anthropic debería alarmar a cualquier ejecutivo que crea que la IA generativa opera en un marco legal despejado. El magistrado dictaminó que el entrenamiento de modelos con libros protegidos es legal —la analogía fue que una máquina 'lee' igual que un escritor humano— pero impuso una multa de 1.500 millones de dólares porque la empresa obtuvo esos libros de bibliotecas piratas como Books3, LibGen y PiLiMi. La distinción es quirúrgica: el delito no fue qué hicieron con el contenido, sino de dónde lo sacaron.
Cathy Gellis, abogada especializada en propiedad intelectual, lo resume con frialdad: para una compañía que proyecta 200.000 millones de dólares en ingresos anuales para 2028, esa multa es un error de redondeo. Un coste operativo. El precio de entrada al mercado.
Mientras los tribunales estadounidenses oscilan —el juez Bibas en Delaware acaba de rechazar el fair use en el caso Ross Intelligence contra Thomson Reuters por competencia directa—, la industria ha encontrado su propia solución logística: comprar libros físicos usados, desarmarlos página a página, escanearlos y destruirlos. Anthropic lo llamó internamente "Proyecto Panamá". El objetivo escrito en sus documentos de planificación: "destruir todos los libros del mundo". No es una metáfora. Es una cadena de suministro.
Esa razón es perversa en su eficiencia. Los libros publicados antes de 2022 son "oro puro": no están contaminados por texto generado por IA, ese slop sintético que ya inunda internet y degrada el entrenamiento. ISBNdb, base de datos con 111 millones de títulos, ha reorientado su modelo de negocio para vender lotes de hasta un millón de libros directamente a laboratorios de IA. Un librero confirma que sus ventas semanales pasaron de 20 a cientos de unidades desde abril.
La destrucción del objeto físico —cortar lomos, alimentar escáneres de alta velocidad— permite invocar la first sale doctrine: compré el libro, hago lo que quiero con mi copia. El autor no cobra. El editor no cobra. La cultura se convierte en combustible desechable.
Este no es un problema técnico. Es una transferencia de valor masiva y silenciosa. Las grandes tecnológicas —OpenAI, Anthropic, Google, Meta— ingieren el trabajo de millones de creadores para construir productos que luego compiten directamente con esos mismos creadores. La defensa del fair use argumenta transformación: el modelo no copia, "aprende patrones". Pero cuando el output emula el estilo narrativo de un autor específico o reproduce párrafos textuales —como han demostrado múltiples demandas—, la línea entre aprender y suplantar se borra. El juez Bibas lo vio claro: si el uso es comercial, no transforma realmente y compite con el original, no hay fair use.
Para los directivos en Latinoamérica que evalúan adoptar o desarrollar estas tecnologías, la señal es clara: el riesgo legal no es teórico. Las sentencias contradictorias entre jurisdicciones y la presión legislativa en Europa —donde la directiva de minería de textos ya se interpreta como no aplicable a IA generativa comercial— crean un escenario de inestabilidad regulatoria. Apostar por modelos entrenados sobre esta base es heredar una contingencia que puede explotar en litigios, multas o prohibiciones de uso.
Esa alternativa —licenciar contenido, pagar a autores, construir datasets limpios— encarece y ralentiza el desarrollo. Pero es la única ruta que no trata la cultura ajena como residuo industrial. La industria ha elegido la vía barata: destruyen libros físicos para no pagar derechos digitales. Cada volumen escaneado y triturado es un autor que no cobra, un editor que cierra, una biblioteca que pierde relevancia. La innovación que se alimenta de saqueo no es innovación: es extractivismo con mejor marketing.
Será la Corte Suprema de EE. UU. la que termine decidiendo. Mientras tanto, los ejecutivos que integren estos modelos en sus productos deben saber que están montando un caballo que puede ser declarado ilegal retroactivamente. La multa de Anthropic fue el coste de hacer negocios. La suya podría ser el coste de no haber preguntado de dónde venían los datos.
