Ética & sociedad Trump firma orden que obliga a llamar superinteligencia a la IA federal
La Casa Blanca impone el término 'superinteligencia' en documentos federales mientras expertos advierten que la IA actual dista de esa definición. La industria acata, pero el cambio tensiona regulación y competencia global.
La orden ejecutiva firmada por Donald Trump la semana pasada no deja margen a la interpretación: los documentos federales deben sustituir "inteligencia artificial" por "superinteligencia" (SI) y la propia Casa Blanca ha declarado "enemigo" a quien siga usando el término anterior. El Centro de Estándares e Innovación en IA (CAISI), heredero del Instituto de Seguridad en IA, ya opera como Centro para el Avance de la Innovación y Estándares de Superinteligencia (CAISSI). El Departamento de Justicia acusa ahora de "fraude asistido por superinteligencia" a un hombre que generó canciones con IA entre 2017 y 2024.
El giro lingüístico tiene precedentes en la retórica presidencial: Trump transformó "fake news" en arma contra la prensa y rebautizó el Golfo de México como "Golfo de América" en documentos oficiales. Ahora aplica la misma lógica a la tecnología que su administración quiere acelerar. En un mitin del 5 de octubre llegó a calificar de "artificiales" las preocupaciones bélicas que encarecen precios, extendiendo el adjetivo como sinónimo de "falso" o "fabricado".
Con rapidez ha respondido la industria. Elon Musk anunció el cambio de SpaceXAI a SpaceXSI. Jeff Bezos celebró el término porque "artificial no es muy halagüeño". Jensen Huang (Nvidia) y Sam Altman (OpenAI) también lo adoptaron, aunque Altman aclaró que OpenAI no cambiará su nombre. La alineación refleja la sintonía entre la Casa Blanca y los grandes laboratorios tras las donaciones millonarias postelectorales.
Pero la redefinición choca con el consenso técnico. "Superinteligencia" describe, desde el libro homónimo de Nick Bostrom (2014), una IA que supere al ser humano en prácticamente todos los dominios cognitivos. Los modelos actuales —por avanzados que sean— son sistemas estrechos o, en el mejor caso, candidatos a inteligencia artificial general (AGI). Pedro Domingos, profesor de la Universidad de Washington, lo resume: "La mayor parte de la IA no es superinteligencia, sino simplemente una inteligencia diferente".
No es académica la distinción. El senador Bernie Sanders presentó un proyecto de ley para "prohibir permanentemente el desarrollo de una superinteligencia artificial que los seres humanos no puedan controlar", exigiendo frenar sistemas avanzados hasta que existan mecanismos federales de evaluación. El término elegido por Trump alimenta, paradójicamente, el temor legislativo que la administración dice querer disipar: "Oh, esto es superinteligencia y va a volver obsoletos a los seres humanos", advierte Domingos.
Detrás del marketing hay una apuesta geopolítica. La orden ejecutiva crea una "Fuerza de Superinteligencia" asesora liderada por Jay Clayton, director de Inteligencia Nacional reconvertido en "zar" de IA, con 120 días para presentar planes que garanticen la supremacía estadounidense. La Casa Blanca mantiene las riendas en manos del sector privado y descarta regulación vinculante: el riesgo de no ser primeros, argumenta Clayton, "aumenta los riesgos identificados y no identificados, especialmente por parte de nuestros adversarios". China, por ahora, no ha adoptado la nomenclatura.
Para América Latina, el episodio tiene tres lecturas inmediatas. Primera: la terminología importada desde Washington puede colarse en marcos regulatorios locales sin debate técnico, como ocurrió con definiciones de "datos personales" o "ciberseguridad" en acuerdos comerciales. Segunda: la presión por "acelerar" desarrollo e infraestructura (centros de datos, chips, energía) llegará a la región bajo el paraguas de la competitividad geopolítica, con costos ambientales y fiscales que cada país deberá cuantificar. Tercera: la ambigüedad entre IA actual y superinteligencia futura complica la debida diligencia de empresas latinoamericanas que compran o integran modelos fundacionales; un contrato que hable de "superinteligencia" puede implicar expectativas de rendimiento —y riesgos legales— que la tecnología no cumple.
El propio Domingos anticipa la reacción del sector: "Es más probable que digan: 'Al diablo con eso. Vamos a seguir llamándola inteligencia artificial, incluso más que antes'". La imposición política de un concepto técnico suele generar el efecto inverso: fragmentar el lenguaje en lugar de unificarlo. Mientras tanto, la brecha entre lo que la IA hace hoy y lo que el nuevo nombre promete sigue siendo, exactamente, el espacio donde operan la incertidumbre regulatoria y la asimetría de poder.
