El mecanismo, sin embargo, es indirecto. La orden crea un Grupo de Trabajo sobre Litigios de IA dentro del Departamento de Justicia con la misión de impugnar las leyes estatales consideradas incompatibles con el objetivo de "dominación mundial de la IA". También ordena al Secretario de Comercio elaborar un informe que identifique las leyes estatales "onerosas" —un concepto deliberadamente vago que la norma no define— y condiciona la elegibilidad de los estados para recibir fondos federales de banda ancha del programa BEAD a que no aprueben legislación restrictiva. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) deberá redactar una norma federal de información y divulgación que prevalezca sobre las leyes estatales, y la FTC emitirá una declaración sobre cómo la prohibición de prácticas engañosas se aplica a los modelos de IA.
El detalle técnico importa: como señala el análisis publicado en Computerworld, una orden ejecutiva solo vincula a las agencias federales, y la FCC tiene competencias limitadas sobre los servicios de información desde el fallo Mozilla Corp. vs. FCC de 2019. La estrategia de la Casa Blanca apunta, sobre todo, a crear un efecto disuasorio: que los estados piensen dos veces antes de legislar, ante la amenaza de perder financiación federal o enfrentarse a demandas del Departamento de Justicia.
Los blancos ya están identificados. La orden menciona explícitamente la ley de Colorado que prohíbe la discriminación algorítmica, argumentando que puede inducir a los modelos a producir "resultados falsos" para evitar impactos diferenciados en grupos protegidos. También apunta a la ley de transparencia de California para modelos de vanguardia, que obliga a los desarrolladores a publicar marcos de seguridad y notificar incidentes, y a la ley RAISE de Nueva York. La referencia a la Primera Enmienda como límite constitucional no es casual: la Administración podría reeditar la estrategia de impugnación por "discurso obligado" que ya tumbó el Código de Diseño Apropiado para la Edad de California en el Noveno Circuito.
Para los gobernadores de California, Colorado y Nueva York, los tres estados más activos en regulación de IA, la orden no cambiará sus planes. El informe del Departamento de Comercio no verá la luz hasta la primavera de 2026 y no tiene efecto jurídico propio. De ahí la conclusión que empieza a circular entre los juristas: más que un marco normativo, esto es teatro político. El Congreso, con creciente escepticismo incluso entre republicanos, sigue siendo la única vía capaz de imponer una ley federal que realmente prevalezca sobre la legislación estatal.
Bruselas como estándar de facto
Mientras Washington debate cuánto puede hacer un presidente sin el Congreso, Bruselas convierte la regulación europea en el parámetro global. El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, la AI Act, entró en vigor como norma directamente aplicable en los 27 estados miembros, y sus disposiciones clave comenzaron a exigirse desde agosto de 2026. Las obligaciones más duras —las que afectan a los sistemas de alto riesgo como selección de personal, scoring crediticio, diagnóstico médico o infraestructuras críticas— se aplicarán desde diciembre de 2027, con una prórroga hasta 2028 para los sistemas ya integrados en productos regulados.
El contraste con Estados Unidos es estructural. La AI Act es "la norma jurídica horizontal más completa que existe: una sola ley, 27 países", resume el letrado del Consejo de Estado español Moisés Barrio, mientras que Estados Unidos arrastra, en sus palabras, "un mosaico caótico de legislación dispar" y China regula con un control estatal detallado. Frente al modelo europeo de regulación imperativa basada en el riesgo, el estadounidense se dispersa en leyes estatales, órdenes ejecutivas, guías de agencias y controles de exportación de chips, sin una ley federal horizontal.
La diferencia filosófica también es profunda. La AI Act persigue un doble objetivo: estimular los beneficios de la IA mejorando el funcionamiento del mercado interior y prevenir los riesgos para los ciudadanos, con prohibiciones para los sistemas de riesgo inaceptable y obligaciones exigentes para los de alto riesgo. La orden ejecutiva de Trump, en cambio, pone el acento en que las empresas estadounidenses de IA "deben tener la libertad de innovar sin una regulación engorrosa" y defiende los intereses de los gigantes tecnológicos. Esa distancia se traduce en números: las multas por incumplimiento de la AI Act pueden alcanzar el 7% de la facturación global de la empresa o 35 millones de euros, lo que la convierte en la normativa de IA más severa del planeta. No es casualidad que, como reporta El País, las empresas españolas ya estén reorganizando sus estructuras hacia funciones de AI Governance, inventariando sistemas, clasificando riesgos y auditando datos de entrenamiento antes de que llegue una inspección.
El llamado "efecto Bruselas" opera incluso sin que haya una regla global: las empresas que quieran operar en el mercado europeo de 450 millones de consumidores deberán cumplir la AI Act, y ese cumplimiento se extiende a lo largo de la cadena de valor. La UE no ganará la carrera del desarrollo de modelos, pero puede ganar la carrera de la confianza. Como resume el abogado Rodolfo Tesone, fundador de ENATIC: "En la UE ya no podemos ser los primeros en la carrera de la IA, pero todavía podemos ser los mejores si apostamos por una inteligencia artificial responsable y confiable".
La gobernanza como infraestructura: el caso latinoamericano
En América Latina, el debate regulatorio tiene otro punto de partida: no se trata de frenar a los estados, sino de construir capacidades institucionales donde el ecosistema de IA aún está en formación. Un documento de la Asociación Colombiana de Inteligencia Artificial (ACIA), recogido en el repositorio académico MPRA, propone tratar la gobernanza de la IA como una forma emergente de infraestructura económica: un conjunto de reglas, instituciones y confianza que condiciona la adopción de la tecnología en la administración pública, los mercados financieros y la organización empresarial.
El caso colombiano ilustra la tensión. El documento CONPES 4144, la política nacional de inteligencia artificial de Colombia, reconoce que la adopción en sectores críticos requiere capacidades de gobernanza efectivas: auditoría algorítmica, trazabilidad de los modelos e interoperabilidad de los sistemas. Pero también advierte de los riesgos del mimetismo estratégico: empresas e instituciones que adoptan IA por miedo a la obsolescencia tecnológica, sin comprender del todo los riesgos sistémicos que introducen.
Frente a la unificación europea y la fragmentación estadounidense, países como Colombia ensayan una tercera vía: tomar prestados los marcos internacionales —los Principios de la OCDE sobre IA, el NIST AI Risk Management Framework— y adaptarlos a contextos de menor desarrollo institucional. La conclusión del análisis colombiano apunta a que la confianza en los mercados y la soberanía tecnológica dependerán de la capacidad estatal para supervisar y responder a sistemas algorítmicos cada vez más autónomos. Es una lección que resuena más allá de la región: la regulación no es un freno a la innovación, sino una condición para que los mercados confíen en ella.
Superinteligencia y autorregulación: el nuevo léxico del poder
La deriva de la Administración Trump hacia la autorregulación alcanzó un punto simbólico en septiembre de 2026, cuando ordenó al Gobierno federal denominar "superinteligencia" a la inteligencia artificial en toda la documentación oficial, pese a que la definición jurídica sigue siendo la misma. La orden define el nuevo término remitiéndose a la definición legal de IA del título 15 del Código de los Estados Unidos y concede 60 días a la Casa Blanca para proponer una nueva definición que debería reflejar las capacidades de los sistemas de vanguardia.
Ese mismo día, Trump y seis de los principales líderes tecnológicos —Sundar Pichai de Google, Dario Amodei de Anthropic, Mark Zuckerberg de Meta, Greg Brockman de OpenAI, Elon Musk de xAI y Jensen Huang de Nvidia— firmaron el Acuerdo de la Casa Blanca sobre Superinteligencia, un conjunto de compromisos voluntarios de seguridad para los modelos más avanzados. El nombre del acuerdo adopta el término ordenado por la Casa Blanca, aunque el resto del documento hable de modelos de vanguardia.
El texto establece cuatro niveles de control: supervisión interna de capacidades y alineación del modelo en áreas como ciberseguridad, bioseguridad y amenazas químicas; un equipo interno de verificación; un auditor externo independiente; y un comité independiente del consejo de administración. Pero no nombra a los auditores, no fija plazos, no exige revelar los resultados de las auditorías y deja claro que codificar estas medidas en leyes "podría tener sentido" con el tiempo. Llama la atención que Microsoft y Amazon, dos de las empresas que asumieron compromisos voluntarios con la Casa Blanca de Biden en julio de 2023, no figuren en el nuevo acuerdo.
La autorregulación como respuesta a la "crisis reputacional" de la IA tiene defensores dentro de la propia industria. Dario Amodei, de Anthropic, ha propuesto que los modelos más ambiciosos sean auditados por evaluadores independientes antes de su comercialización, de manera obligatoria y con evaluadores permanentes integrados en las empresas, como ocurre en sectores como el farmacéutico o el de la aviación. Mientras tanto, en el Senado, un borrador bipartidista conocido como Great American Artificial Intelligence Act (GAAIA), de 269 páginas y liderado por los congresistas Jay Obernolte y Lori Trahan, intenta fijar reglas de transparencia comunes y auditorías independientes para los sistemas más potentes, centrándose en la gobernanza de los modelos de frontera y dejando fuera a las pequeñas startups y la IA doméstica.
El vacío multinivel: tres modelos en pugna
En el plano internacional conviven al menos cuatro modelos de regulación, como sintetiza el profesor Alberto J. Tapia: el europeo, de regulación imperativa unificada; el chino, de control estatal con autorizaciones públicas y reglas sobre algoritmos y bulos; el de algunos miembros del G7, de adhesión voluntaria a códigos de conducta; y el estadounidense, disperso y crecientemente conflictivo. La orden ejecutiva de Trump no solo no resuelve esa fragmentación: la agudiza, al crear un nuevo frente de litigios entre el gobierno federal y los estados.
El resultado es un vacío multinivel. La ONU y la OCDE —con sus principios de 2019— siguen operando como marcos de referencia no vinculantes. La OCDE ofrece un lenguaje común sobre IA responsable, pero sin mecanismos de cumplimiento. El NIST, por su parte, proporciona un sistema de gestión de riesgos, no una ley. Las empresas que operan en múltiples jurisdicciones deben cumplir simultáneamente con la AI Act europea, las leyes estatales estadounidenses como las de Colorado y California, y las guías de agencias federales que pueden cambiar de dirección con cada administración.
La incertidumbre jurídica es el precio de la transición. Los expertos consultados por El País coinciden en que la regulación europea está convirtiendo la IA en un problema de gobernanza, riesgo y cumplimiento: las empresas ya no preguntan qué dice el reglamento, sino qué sistemas tienen, qué riesgos presentan y quién los supervisa. Esa función, bautizada como AI Governance, exige perfiles híbridos —abogados que entiendan de tecnología, ingenieros que entiendan de derecho— y está movilizando presupuestos hacia auditorías y supervisión humana antes de que llegue una inspección.
Escenarios: fragmentación, carrera al fondo o convergencia pragmática
Tres escenarios se perfilan en el horizonte. El primero es la fragmentación por bloques: Estados Unidos, la Unión Europea y China consolidando sistemas regulatorios incompatibles, con las empresas multinacionales como árbitros forzosos que deben adaptar sus productos a cada mercado. El segundo es la carrera al fondo: si la estrategia de Washington de minimizar la carga regulatoria funciona, otros países podrían relajar sus estándares para atraer inversión en IA, erosionando la protección al consumidor y ampliando los riesgos sistémicos.
El tercero, más probable, es una convergencia pragmática. La AI Act europea ya funciona como estándar de facto para los sistemas de alto riesgo; las auditorías independientes que propone el borrador estadounidense GAAIA se parecen peligrosamente a lo que Europa exige desde Bruselas; y la gobernanza como infraestructura que reclama el análisis colombiano no es sino el reconocimiento de que la confianza es un activo económico.
El camino no será lineal. La orden ejecutiva de Trump es, ante todo, una apuesta política: el Congreso sigue siendo el único escenario capaz de producir una norma federal que realmente ponga orden en el mosaico estadounidense, y el escepticismo crece incluso entre los republicanos. Mientras tanto, los estados protegen a sus ciudadanos, Bruselas impone sus multas del 7%, y las empresas aprenden a navegar un mundo donde la única certeza es que la IA ya no opera en el vacío legal: opera en un laberinto de reglas en construcción, donde la ventaja competitiva pertenecerá a quienes entiendan la regulación como parte del diseño del producto, no como un obstáculo posterior.
