Durante siete años, un hombre de 54 años logró que plataformas como Spotify, Amazon Music, Apple Music y YouTube Music le pagaran millones de dólares por canciones que no había compuesto, interpretadas por artistas que no existían y escuchadas por miles de cuentas automáticas. Michael Smith, residente de Carolina del Norte, acaba de convertirse en el primer estadounidense acusado penalmente por fraude de streaming asistido con inteligencia artificial, y su condena a 18 meses de prisión, más el decomiso de 8.091.843,64 dólares, marca un precedente que la industria musical observa con atención.
El esquema era simple en concepto, pero colosal en su ejecución. Smith compró a un cómplice cientos de miles de canciones generadas por IA, las publicó como propias y luego usó un software para que cuentas de bots las reprodujeran miles de millones de veces. Llegó a operar más de mil cuentas de forma simultánea, creadas con correos electrónicos falsos y tarjetas de crédito obtenidas fraudulentamente. Para no levantar sospechas, distribuía las reproducciones entre miles de canciones y las canalizaba a través de planes familiares, una estrategia que le permitió esquivar las políticas antifraude durante más de medio decenio.
La dimensión del engaño se entiende mejor con la comparación que citó el tribunal: mientras todo el catálogo de Taylor Swift sumó 9,3 millones de reproducciones en YouTube Music mediante planes familiares durante 2023, las canciones sintéticas de Smith alcanzaron 80,9 millones de reproducciones en el mismo esquema. En total, cobró más de 10 millones de dólares en regalías a las que no tenía derecho, dinero que salió del fondo común del que se alimentan los artistas reales.
Una industria que ya no distingue lo real de lo sintético
El caso Smith no es una anécdota aislada, sino la cara visible de un fenómeno que crece en silencio. La plataforma Deezer pasó de recibir 10.000 canciones con IA por día en enero de 2025 a más de 75.000 en abril de 2026, lo que equivale a más de dos millones de temas sintéticos por mes, cerca del 44% de todas sus subidas diarias. Una encuesta de la propia empresa reveló que el 97% de los usuarios no logra distinguir entre una pieza compuesta por humanos y una generada por inteligencia artificial.
El problema no es solo estético: los bots que consumen música falsa distorsionan el sistema de reparto de regalías. Según el director de derechos de Deezer, el fraude por escuchas fantasma afecta a cerca del 10% de las canciones reales, pero en las generadas por IA la cifra se dispara al 70%. Dicho de otro modo, buena parte de lo que las plataformas pagan por música sintética es dinero que se evapora en un circuito de consumo fingido, sin ningún oyente humano detrás.
La facilidad para publicar este contenido raya en lo absurdo. La Unión de Músicos documentó que la falta de controles y mecanismos de verificación casi inexistentes permiten un fraude deliberado, sistemático y a gran escala; en una investigación acotada al jazz, la asociación encontró más de 150 artistas vivos o muertos con canciones falsas colgadas en sus perfiles sin ninguna autorización. Uno de ellos, el baterista Jorge Rossy, supo por un amigo que en su espacio personal de varias plataformas había temas hechos con IA que él jamás grabó. La banda Hiatus Kaiyote fue más lejos: subió deliberadamente la peor música artificial posible, con títulos explícitos como "Las gaitas funky son la razón por la que necesitamos autenticación (esto es un fraude)", y ninguna plataforma la bloqueó.
Qué significa para América Latina
La sentencia contra Smith resuena más allá de Estados Unidos porque el modelo de negocio de las plataformas de streaming es global. En América Latina, las regalías también se distribuyen a partir de fondos comunes, y cada reproducción falsa que cobra derechos reduce el monto que reciben los artistas de la región que dependen del streaming para subsistir. Las sociedades de gestión colectiva, acostumbradas a auditar la radiodifusión tradicional, enfrentan ahora el desafío de monitorear algoritmos y flujos de datos que no siempre están a su alcance.
El caso estadounidense se apoyó en cargos de fraude electrónico, una herramienta legal que no todos los sistemas judiciales de la región tienen tan desarrollada. Eso convierte la sentencia en un precedente valioso pero de aplicación desigual: servirá como referencia para causas locales, pero también evidencia el vacío regulatorio en mercados donde la verificación de identidad de los artistas y la autenticidad de las canciones sigue dependiendo de la buena voluntad de las plataformas. La industria, mientras tanto, ya reacciona. Spotify anunció un distintivo que verifica la identidad del artista, aunque no la autoría de su música, y el sector lanzó una iniciativa de integridad del streaming para reforzar la detección y evitar que los infractores salten de un servicio a otro.
La pregunta que queda flotando, especialmente para los ejecutivos de plataformas y los organismos de derechos de la región, es incómoda: si un fraude de esta escala pudo operar durante siete años en el mercado más grande del mundo, ¿qué está ocurriendo en mercados con menos controles y menor capacidad de auditoría? La misma tecnología que permite generar música infinita es capaz de detectar cuándo una reproducción proviene de un humano real. Hasta ahora, los incentivos para usar esa herramienta han sido más débiles que los incentivos para ignorarla.
