Cuando los bomberos del departamento de Barker llegaron en junio al campus Lake Mariner, en Somerset, Nueva York, no encontraron lo que esperaban. Sin alarmas activas, sin sistema de supresión, con tres hidrantes muertos y las hojas de seguridad química —el documento que les diría qué estaban respirando— presuntamente consumidas por las llamas. El jefe Steve Matisz lo resumió con una frase: entraron "a ciegas".
El dato no es menor: Lake Mariner no es un galpón cualquiera. Es un megaproyecto de US$ 3.200 millones, uno de los mayores centros de datos de IA en Nueva York, construido sobre una antigua mina de carbón. Y su estructura corporativa es un laberinto.
Una telaraña corporativa de US$ 3.200 millones
El campus pertenece a TeraWulf, que opera sobre terrenos arrendados a una empresa controlada por su propio CEO. El centro será operado por Fluidstack, una compañía británica de IA. Google, por su parte, tiene warrants para adquirir un 14% del capital y garantiza los pagos de arriendo de Fluidstack. Y Anthropic figura entre las empresas cuya demanda de cómputo justifica la existencia de la instalación.
Lo que el incendio destapó es que, en esta nueva economía de la IA, la rendición de cuentas se diluye entre capas de acuerdos, warrants y garantías cruzadas. La pregunta incómoda: ¿quién responde cuando algo sale mal?
TeraWulf comenzó en 2022 como minero de Bitcoin y ahora se reconvierte a IA y cómputo de alto rendimiento, apuntando a una capacidad combinada de 500 a 750 MW hacia fines de 2026. Sus inquilinos incluyen a Core42 y Fluidstack, ambos respaldados por crédito de Google. La acción cotiza en Nasdaq bajo el ticker WULF.
El silencio regulatorio
Quizá el detalle más inquietante no sea el incendio en sí, sino lo que no pasó después: no se reportaron seguimientos regulatorios ni investigaciones públicas. Los bomberos, que legalmente tienen derecho a los documentos de seguridad, se quedaron sin la información porque, según TeraWulf, las hojas se quemaron. El jefe Matisz dijo no saber qué pensar de esa explicación.
Ese vacío es el patrón que preocupa a los críticos del boom de centros de datos: la velocidad de construcción corre mucho más rápido que los marcos de seguridad y supervisión.
Qué debería mirar América Latina
Para los ejecutivos latinoamericanos, la lección no es solo sobre bomberos neoyorquinos. La región está en plena carrera por atraer infraestructura de IA —desde Chile hasta México—, a menudo con incentivos fiscales y promesas de empleo. Lo que muestra Lake Mariner es que conviene preguntar quién responde por la seguridad operativa, quién es el dueño real del terreno y qué pasa si un incendio o un incidente deja fuera de servicio un centro crítico.
La complejidad de la estructura corporativa (terrenos de una empresa del CEO, operación de un tercero, garantías de un gigante tecnológico) convierte la rendición de cuentas en un problema de gobernanza que ningún contrato de arrendamiento resuelve por sí solo. Para quienes negocian acuerdos de infraestructura o alojamiento de datos en la región, el caso sugiere una pregunta adicional: si Google garantiza pagos pero el operador local es un intermediario, ¿a quién se le exige la actualización de los sistemas contra incendios?
El incendio de Lake Mariner no fue el primero ni será el último. Pero marca un punto de inflexión: la IA no solo necesita chips y energía; necesita marcos de responsabilidad que, por ahora, van un paso atrás.
