Opinión Fronteras inteligentes, accountability pendiente
La 'muralla virtual' de torres y algoritmos prometió objetividad; entregó opacidad, sesgo y fallas. Urge debatir su uso antes de que la excepción fronteriza se vuelva regla ciudadana.
La propuesta de la congresista Delia Ramirez de cancelar el programa de torres de vigilancia en el límite sur de Estados Unidos debería leerse como algo más que un ajuste presupuestario. Es la admisión de que el llamado muro virtual —esa combinación de sensores, cámaras y modelos predictivos que prometió sustituir el hormigón por algoritmos— no resistió el contraste con la realidad. Las revelaciones sobre sus fallas exponen una verdad incómoda: estas tecnologías no fueron diseñadas para rendir cuentas, sino para proyectar una imagen de control.
El patrón no es nuevo. Entre 2016 y 2019, la Comisión Europea financió iBorderCtrl, un consorcio que aseguraba detectar mentiras a partir de microexpresiones faciales en los controles migratorios. Organizaciones académicas y de derechos humanos lo cuestionaron por carecer de base científica; la Comisión lo declaró un éxito. Varias de las empresas que participaron en ese experimento hoy forman parte de nuevos proyectos de vigilancia con fondos europeos. La frontera inteligente se construye con lógica de ensayo y error: el ensayo se celebra como innovación y el error lo paga la persona que migra.
El espejismo de la frontera inteligente
Un informe de la Fundación porCausa documenta cómo este modelo descansa sobre tres pilares: opacidad estructural, privatización de funciones públicas y una homogeneidad ideológica que confunde seguridad con control. Sobre esas bases, la vigilancia fronteriza deja de ser una política deliberada y se convierte en una infraestructura de datos que opera fuera del escrutinio ciudadano. La frontera ya no es una línea; es un sistema distribuido que se extiende hacia el sur, hacia los países de tránsito y origen, y que cede decisiones a operadores privados sin mandato democrático.
Melilla lo ilustra con crudeza. La valla que separa Marruecos de la ciudad autónoma española tiene 12 kilómetros, torres cada medio kilómetro, cámaras, sensores, drones e iluminadores láser. Pese a ese despliegue, el 24 de junio de 2022 unos 2.000 migrantes intentaron cruzar y la respuesta dejó un saldo oficial de 37 muertos y 70 desaparecidos. La tecnología no falló por falta de precisión; falló porque el modelo concibe a la persona como amenaza y no como titular de derechos.
La erosión que no se ve
Un análisis jurídico publicado por Cambridge University Press va más allá de los riesgos habituales de privacidad y no discriminación. Alerta sobre la erosión de la libertad de pensamiento y sobre el desdibujamiento de la línea entre intención y conducta: los sistemas de IA pueden atribuir intencionalidad y criminalidad a una persona antes de que exista un acto. El resultado es el desempoderamiento del individuo y la politización de la dignidad humana, un costo silencioso que no aparece en las métricas de eficiencia.
Para América Latina, la lección es directa. Los sistemas que se prueban en las fronteras del norte global rara vez se quedan allí; la gobernanza algorítmica también migra. La tentación de comprar el siguiente piloto biométrico sin marcos de auditoría es alta, pero el precedente es claro: la tecnología que hoy clasifica migrantes puede mañana clasificar ciudadanos. El espacio de excepción tiende a expandirse.
No se trata de renunciar a la tecnología, sino de gobernarla. La regulación europea de inteligencia artificial fue un primer paso, pero insuficiente: no impone auditorías independientes, no garantiza trazabilidad de las decisiones automáticas ni devuelve el poder de decidir al ámbito político. La propuesta de terminar con las torres de vigilancia en la frontera sur abre una oportunidad para debatir qué tipo de control queremos y bajo qué condiciones. La pregunta no es si la frontera es inteligente, sino si nuestras democracias siguen siendo responsables.
No necesitaba más torres el muro virtual; necesitaba supervisión. Los 37 muertos de Melilla no tienen algoritmo que los traiga de vuelta, pero su memoria debería pesar en cada licitación de vigilancia, en cada piloto de reconocimiento facial y en cada contrato firmado lejos del ojo público. Si el miedo justifica la vigilancia y la eficiencia sustituye al derecho, el precio no lo pagarán solo los migrantes: lo pagaremos todos.
