How to Flock Safety: 120.000 cámaras sin rendición de cuentas
La red de 120.000 cámaras de Flock en EE. UU. muestra el patrón: tecnología vendida como seguridad, usada para perseguir disidencia, migración y aborto. Latinoamérica compra el mismo modelo bajo etiqueta 'ciudad inteligente'.
Un hombre en Wisconsin conduce a Michigan, donde la marihuana es legal, compra y vuelve. La policía usa la red nacional de lectores de matrícula Flock para rastrear su ruta, lo espera en la frontera estatal y registra el coche con la excusa de cruzar límites jurisdiccionales. No es ficción: pasó este mes, documentado por 404 Media.
Flock Safety, valorada en 8.400 millones de dólares, opera 120.000 cámaras en 50 estados y 7.000 agencias policiales —el 40 % de los departamentos de EE. UU.—. Su propuesta: recuperar autos robados y encontrar niños desaparecidos. La realidad: búsquedas masivas para ICE en estados donde es ilegal, seguimiento de mujeres por abortos, policías espiando exparejas, vigilancia de protestas. La retención por defecto era 30 días; ahora la bajaron a siete como "reforma", pero la ACLU la llama maquillaje. Decenas de ciudades —Los Ángeles, Denver, Bandera (Texas), condados de Silicon Valley— han cancelado contratos. La reacción incluye vandalismo organizado: sierras de pértiga, escopetas, espuma industrial, mapas colaborativos (DeFlock) para localizar y destruir cámaras.
El patrón no es exclusivo de Flock. Motorola y Axon ofrecen tecnología equivalente; varias ciudades que echaron a Flock contrataron a Axon. El modelo de negocio es el mismo: hardware barato, suscripción cara, base de datos nacional, barreras legales mínimas.
Paralelamente, Anthropic —la startup de IA "segura"— construye un sistema predictivo para vigilar activistas, según The American Prospect. Sus propios investigadores advierten que la IA "podría matarnos a fin de década" y piden frenar; su CEO propone un cártel de autorregulación entre OpenAI, Google y Anthropic mientras lobbyean por fondos públicos. La ex presidenta de la FTC, Lina Khan, responde: las leyes actuales ya permiten cerrar empresas que lancen productos peligrosos; no hace falta legislación de pánico, hace falta aplicar responsabilidad civil y penal a quienes despliegan sistemas que dañan.
Lo que esto significa para un ejecutivo latinoamericano
La región no está exenta. Programas de "ciudad inteligente" en México, Colombia, Brasil, Chile y Argentina licitan lectores de matrícula, reconocimiento facial y analítica de video con los mismos proveedores globales o socios locales que replican la arquitectura Flock: cámaras baratas, nube centralizada, acceso policial sin orden judicial, retención indefinida.
Brasil tiene LGPD, México la LFPDPPP, Argentina su ley de datos personales. En la práctica, las cláusulas de "interés público" y "seguridad nacional" vacían el consentimiento. Los contratos suelen firmarse a nivel municipal sin evaluación de impacto algorítmica, sin auditoría independiente, sin portal de transparencia que muestre quién consulta la base, por qué y con qué frecuencia.
Tres preguntas que cualquier director de tecnología, legal o de cumplimiento debe exigir antes de firmar:
- ¿Quién controla las claves de cifrado y la gobernanza de accesos? Si el proveedor tiene llave maestra, el municipio no controla nada.
- ¿Existe registro inmutable de cada consulta con justificación legal verificable a posteriori? Sin eso, el abuso es indetectable hasta que un periodista pide registros.
- ¿Qué pasa cuando el contrato termina? Los datos no pueden quedar en servidores del proveedor ni migrar a otro país sin garantías equivalentes.
La trampa de la autorregulación
Flock prometió auditorías automáticas de búsquedas anómalas. Anthropic propone un organismo de estándares compartido con sus competidores. En ambos casos, el zorro diseña el gallinero. La experiencia bancaria y de servicios públicos —que cita Khan— demuestra que la supervisión estructural externa (separación de funciones, no discriminación, auditoría continua) funciona; la autorregulación, no.
Latinoamérica tiene una ventana: la presión regulatoria europea (AI Act) y estadounidense (orden ejecutiva de IA, demandas estatales) obliga a los proveedores a ofrecer versiones "compliance-ready". Exijan esas versiones por contrato. Exijan cláusulas de rescisión por cambio de uso de datos. Exijan que el código de auditoría sea abierto.
La vigilancia masiva no se detiene con buenas intenciones. Se detiene cuando el costo legal y reputacional de abusar supera el ingreso del contrato. Hasta que los municipios y empresas latinoamericanas exijan esa asimetría, compran Flock con otro logotipo.
