El péndulo regulatorio latinoamericano: ¿ética o dependencia?
Imaginen una sala de juntas donde, al mismo tiempo, tres ejecutivos firman un contrato mientras el resto revisa borradores, pide opiniones a consultores externos y discute si conviene más copiar el modelo del vecino o inventar uno propio. Así se parece hoy el mapa legislativo de inteligencia artificial en América Latina: tres países ya tienen ley aprobada, varios están en fase de pruebas controladas (sandboxes), y una tensión geopolítica silenciosa —el llamado No Alineamiento Activo— recorre toda la región.
Tres países ya aprobaron. ¿Quiénes y cómo?
Brasil, El Salvador y Perú son los únicos que, hasta ahora, cuentan con una ley de inteligencia artificial en vigor. No es casualidad que Brasil, la economía más grande de Latinoamérica, haya sido el primero en dar el paso. Su marco legal combina principios éticos con mecanismos de fiscalización, en parte inspirados por el Reglamento Europeo de IA. El Salvador optó por una ley más ágil, buscando atraer inversión tecnológica. Perú, por su lado, priorizó la protección de datos y la transparencia algorítmica.
Pero tener una ley es apenas el primer ladrillo. El resto de la región está en plena construcción, y los enfoques varían.
Sandboxes: el laboratorio antes del decreto
Chile, Colombia, México y Argentina han optado por una estrategia prudente: crear "sandboxes regulatorios", entornos controlados donde empresas y startups prueban sistemas de IA supervisados por el gobierno, antes de redactar normas permanentes. El objetivo es aprender de la práctica antes de legislar sobre lo que apenas se entiende. El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), junto con UNESCO y el gobierno chileno, organizó en 2024 una declaración regional que reconoce la necesidad de una participación proactiva de los Estados en la gobernanza de la IA. Ese documento —la Declaración de Santiago— es hoy la hoja de ruta más influyente para quienes aún no tienen ley.
UNESCO, CAF y el dilema de la copia
Aquí entra un personaje silencioso pero poderoso: UNESCO. Su herramienta de evaluación de preparación para la IA (RAM, por sus siglas en inglés) ha sido adoptada por más de una docena de países latinoamericanos. El problema es que muchas de esas recomendaciones fueron diseñadas para contextos europeos o asiáticos, donde el ecosistema digital es otro. Como señala un análisis crítico publicado en Journal of International Relations and Development, existen modelos de regulación centrados en el Estado que difícilmente pueden replicarse en la mayoría de las economías latinoamericanas, con capacidades institucionales más limitadas y mercados informales más grandes.
El No Alineamiento Activo: una tercera vía
Frente a la presión de copiar el molde europeo o el chino, un grupo creciente de académicos y funcionarios propone el No Alineamiento Activo (ANA). No se trata de aislarse, sino de construir marcos regulatorios propios que sirvan a los intereses locales: fomentar la innovación sin sacrificar derechos, y evitar quedar atados a los estándares de las potencias tecnológicas. La idea es que América Latina no tiene por qué elegir entre el enfoque de derechos de Bruselas y el enfoque de control de Pekín; puede diseñar una regulación que ponga primero sus propias brechas —de conectividad, de talento, de infraestructura— y que, desde ahí, dialogue con el mundo.
Lo que falta: capacidades, no solo leyes
Aquí está el dato que duele: América Latina y el Caribe representa ya entre el 15 y el 20% de las descargas globales de herramientas de IA generativa (sí, como ChatGPT), pero concentra una proporción mínima de la inversión en investigación y desarrollo de la tecnología. Es decir, somos grandes consumidores y pequeños productores. Sin capacidades locales —desde científicos de datos hasta jueces entrenados en sesgos algorítmicos— cualquier ley será letra muerta. Por eso, varios proyectos de ley en México y Colombia incluyen cláusulas de fortalecimiento institucional, no solo de restricción técnica.
La sostenibilidad como nuevo frente
Mientras los políticos debaten ética y transparencia, un tema nuevo asoma en las discusiones: la sostenibilidad de la IA. Entrenar un modelo grande consume tanta energía como un pequeño país. Chile y Colombia ya han empezado a exigir informes de impacto ambiental en sus proyectos de ley de IA. No es una moda: es la conciencia de que regular no es solo decir qué está bien o mal, sino también cuánto puede costarle al planeta.
¿Hacia dónde va la región?
Si algo muestra este panorama es que América Latina no está mirando desde la tribuna. Está en la cancha, aunque con más barro que césped. Brasil, El Salvador y Perú ya corren; los sandboxes son los entrenamientos de Chile, Colombia, México y Argentina. Y el No Alineamiento Activo es la estrategia de juego: no imitar a nadie, pero aprender de todos. La pregunta abierta es si los gobiernos lograrán transformar esa ambición en capacidades reales, o si terminaremos con buenas intenciones legislativas y malas implementaciones. Porque, al final, una ley sin instituciones que la apliquen es apenas un bonito PDF en el escritorio de un ministro.
