Ética & sociedad El error de Michigan que obliga a repensar la supervisión de la IA
Frente a la inacción federal, gobernadores de EE.UU. impulsan normas propias de IA. El caso MiDAS advierte qué pasa sin supervisión humana.
El sistema automatizado del seguro de desempleo de Michigan acusó de fraude a 40.000 residentes, y el 93 % de esas acusaciones fueron falsas. El caso MiDAS no es un accidente aislado: es la advertencia de lo que ocurre cuando una agencia estatal maximiza la eficiencia algorítmica sin dejar espacio al juicio humano. Mientras Washington debate sin avanzar, los estados de Estados Unidos se convirtieron en el verdadero laboratorio de gobernanza de la inteligencia artificial. La pregunta ya no es si la regulación llegará, sino qué forma tendrá y quién la aplicará. Para las empresas latinoamericanas que operan con herramientas de IA, la respuesta define sus próximos pasos de cumplimiento.
Gobernadores en movimiento
Wes Moore, gobernador de Maryland, anunció la creación de un grupo bipartidista de gobernadores para responder a los riesgos de la IA. Moore, que preside la Asociación Nacional de Gobernadores, trabajará con el republicano Mike Braun, gobernador de Indiana, para elaborar un marco común. En una entrevista con Associated Press, Moore cuestionó tanto la reunión de Donald Trump con ejecutivos tecnológicos como la falta de avances legislativos en el Congreso. Llegó a describir ese encuentro como un “club de niños millonarios” y preguntó quién había defendido mayor transparencia o salvaguardas regulatorias.
La iniciativa no reemplaza al gobierno federal, pero refleja un cambio de fondo: durante el último mes, los gobernadores de Maryland, California, Illinois, Oregón y Virginia emitieron órdenes ejecutivas o adoptaron medidas para fijar estándares sobre IA. El debate incluye también los centros de datos, que pasaron de ser promesa económica a dolor de cabeza político. Gobernadores republicanos como Spencer Cox en Utah y Greg Abbott en Texas restringieron su desarrollo, y el propio Moore firmó una orden ejecutiva que regula estos centros y pidió derogar una exención fiscal aprobada antes de su gestión.
No es nueva la actividad estatal. Un capítulo académico publicado en Springer analizó más de 1.700 proyectos de ley sobre IA presentados en legislaturas estatales entre 2023 y 2025, y encontró tres modelos de gobernanza: uno centrado en la protección al consumidor, representado por Colorado y California; otro orientado al desarrollo económico, como el de Texas; y un tercero híbrido que intenta equilibrar innovación y control, como los de Illinois y Maryland. La reciente decisión de la Corte Suprema que eliminó la doctrina Chevron da más espacio a los estados para legislar, aunque también abre el riesgo de una carrera hacia el fondo regulatorio si compiten por atraer inversiones.
La lección que nadie quiere repetir
No debería leerse el caso MiDAS como una anécdota técnica. El sistema acusó a 40.000 personas con una tasa de error del 93 %, destruyendo la confianza en una institución pública y generando un costo político y económico enorme. El capítulo de Springer lo cita como ejemplo de lo que ocurre cuando la automatización se separa del juicio profesional. Frente a eso, el fallo State v. Loomis establece estándares de debido proceso: transparencia, posibilidad de impugnación, evaluación individualizada y capacidad de anular la decisión algorítmica. Son cuatro requisitos que cualquier empresa que despliegue IA debería considerar ya, aunque su país aún no los exija.
Para América Latina, este escenario tiene lecturas directas. Primero, cualquier compañía regional que comercie o preste servicios en Estados Unidos tendrá que cumplir reglas distintas según el estado, lo que eleva la complejidad de cumplimiento. Segundo, los modelos de gobernanza que están probándose en Colorado, Texas o Illinois ofrecen un catálogo de opciones para los reguladores latinoamericanos que diseñan sus propias estrategias de IA. Y tercero, el caso MiDAS demuestra que la supervisión humana no es un freno a la innovación, sino un activo de reputación: las empresas que implementen mecanismos claros de revisión y apelación evitarán errores costosos y construirán más confianza.
Estados Unidos avanza en la gobernanza de la IA por la vía estatal, no por la federal. Esa fragmentación es incómoda para las empresas, pero también es el laboratorio donde se prueban las soluciones que el resto del mundo adoptará. La pregunta para los líderes de América Latina no es si sus sistemas de IA podrán explicar sus decisiones, sino cuándo empezarán a prepararse para un entorno donde la transparencia y el control humano serán la regla, no la excepción.
