El 5% de Estados Unidos en OpenAI: ¿control público o captura corporativa?

La propuesta de que EE.UU. adquiera un 5% de OpenAI despierta dudas: ¿es una oportunidad para compartir los beneficios de la IA o una maniobra que consolida el poder corporativo en la política tecnológica?

El 5% de Estados Unidos en OpenAI: ¿control público o captura corporativa?

La noticia cayó como un misil en el ecosistema tecnológico: Sam Altman, CEO de OpenAI, habría iniciado conversaciones con la administración de Donald Trump para que el gobierno de Estados Unidos adquiera un 5% de la empresa. Según reveló el Financial Times, las negociaciones están en una fase temprana, pero Altman ya ha argumentado que otorgar al público una participación financiera es la mejor manera de distribuir las ganancias de la inteligencia artificial. Trump respalda la idea, y su equipo ha tanteado a Google y Meta para acuerdos similares.

La promesa de compartir la riqueza

A primera vista, la propuesta suena a una jugada maestra de política industrial. En lugar de esperar a que los beneficios de la IA se concentren en unas pocas manos, se busca que el Estado –y, por extensión, los contribuyentes– se convierta en accionista de una de las empresas más prometedoras del planeta. Altman lo ha presentado como un mecanismo para que la sociedad capture parte del valor generado, algo que recuerda a los fondos soberanos de Noruega o Singapur, aunque con un giro: aquí el Estado no compra acciones en el mercado abierto, sino que negocia una participación directa con la empresa.

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Sin embargo, el diablo está en los detalles. Un 5% no otorga control real sobre las decisiones estratégicas de OpenAI, pero sí le da al gobierno un asiento en la mesa –y, sobre todo, una excusa perfecta para intervenir en la regulación futura de la inteligencia artificial. La pregunta que debería inquietar a emprendedores y ejecutivos latinoamericanos es si esta medida representa un verdadero intento de democratizar el acceso a la IA o una forma de captura corporativa de la política tecnológica.

El riesgo de la captura corporativa

Históricamente, cuando el Estado se convierte en socio de una gran corporación, la línea entre el interés público y el privado se difumina. En el caso de OpenAI, la empresa ya tiene una estructura híbrida: una rama sin fines de lucro que controla la gobernanza y una subsidiaria con fines de lucro que atrae inversiones. Agregar al gobierno como accionista minoritario podría crear un conflicto de intereses monumental. ¿Podrá el Departamento de Comercio o la Casa Blanca regular con independencia a una empresa en la que son propietarios?

Además, el contexto geopolítico no puede ignorarse. La carrera por la hegemonía en inteligencia artificial entre Estados Unidos y China es feroz. Incluir al gobierno como socio no es solo un gesto de filantropía: es también una manera de alinear los incentivos corporativos con la estrategia nacional. Pero cuidado: si no se establecen salvaguardas, este acuerdo podría traducirse en que las grandes tecnológicas –OpenAI, Google, Meta– terminen dictando las reglas del juego desde adentro del Estado.

  • Representación ciudadana independiente en el directorio de la empresa.
  • Auditorías externas e independientes sobre el uso de los datos y los modelos.
  • Límites claros a la capacidad de la empresa para influir en la regulación.
  • Transparencia total sobre los términos de la participación estatal.

Una oportunidad para repensar el modelo

Para los líderes latinoamericanos, este debate no es lejano. La región depende cada vez más de la infraestructura de IA desarrollada en el norte global. Si Estados Unidos opta por un modelo de participación pública, podría sentar un precedente que otros países –incluyendo los nuestros– intenten replicar. Pero también podría consolidar un oligopolio donde el Estado, lejos de proteger a los ciudadanos, se convierta en el mejor aliado de las corporaciones.

La propuesta de Altman es ingeniosa, pero insuficiente. Un 5% no es control público; es una ficha de póker en una partida geopolítica. Si realmente se quiere compartir el valor de la IA, habría que pensar en mecanismos más audaces: impuestos a los beneficios extraordinarios, fondos de redistribución obligatorios o incluso una participación mayoritaria que dé voz real a la sociedad.

La pregunta real no es si el gobierno debe tener una participación en OpenAI, sino quién controla realmente la inteligencia artificial que define nuestro futuro. Y esa respuesta, por ahora, sigue estando en manos de unos pocos.

Fuentes

  1. Trump gets OpenAI to offer US 5% stake, far lower than Sanders’ target
Melina Rodríguez

Escrito por

Melina Rodríguez

Especialista Inteligencia Artificial

Arquitecta de profesión, estratega de IA por convicción. Máster en Gestión Urbana por la Universidad Politécnica de Cataluña y certificada en ISO 42001 — la norma internacional de gestión de inteligencia artificial. Co-fundadora de 3Dual Studio y consultora en Bewos, ha diseñado programas de alfabetización en IA para organizaciones públicas y privadas en América Latina.