La recta final hacia las elecciones presidenciales en Brasil ha destapado un frente de batalla poco convencional: la lucha contra los deepfakes. Mientras el Tribunal Superior Electoral (TSE) se prepara para definir reglas más claras sobre el uso de inteligencia artificial en campañas, la pregunta que ronda a los líderes empresariales y políticos de la región es si la regulación va a la velocidad de la tecnología. No es una cuestión menor: en juego está la confianza en el voto, la credibilidad de los candidatos y, en última instancia, la estabilidad de los sistemas democráticos que tanto costó construir en América Latina.
El caso que motivó la acción ante el TSE es paradigmático. Durante la convención que confirmó al senador Flávio Bolsonaro como candidato del PL, se exhibió un video donde una reproducción digital del expresidente Jair Bolsonaro afirmaba estar “preso y calado por una decisión arbitraria”. No importa el contenido político: lo relevante es que una herramienta de IA generativa fue utilizada para crear una imagen que no ocurrió, con el evidente propósito de influir en la percepción del electorado.
Frente a esto, el tribunal no solo debe decidir si el material circula o no, sino qué consecuencias enfrentan quienes lo difundan. Las multas y la obligación de retirar la publicación ya están sobre la mesa, pero hay voces que piden más.
Los ministros del Supremo Tribunal Federal han sido explícitos. Alexandre de Moraes, vicepresidente de la Corte, no titubeó al afirmar que quien use desinformación “anabolizada” por inteligencia artificial puede perder su candidatura. Su colega Cármen Lúcia fue más allá al hablar de una “tecnodictadura”, un término que describe con precisión cómo los algoritmos pueden manipular emociones y generar miedo, desconfianza y fragilidad en las personas. No se trata de alarmismo: es una advertencia seria sobre cómo la tecnología, en manos equivocadas, puede erosionar la voluntad popular.
La delgada línea entre regular y prohibir
El TSE no busca prohibir la inteligencia artificial en general. De hecho, su resolución electoral vigente establece que los contenidos sintéticos deben estar etiquetados explícitamente como producidos o alterados por IA. Eso es un avance, porque la transparencia es la base de cualquier regulación sensata. Sin embargo, la vedación específica de los deepfakes para perjudicar o favorecer candidaturas implica reconocer que estos materiales tienen un poder de persuasión que no depende de la verdad, sino de la verosimilitud. La prohibición alcanza incluso a quienes tienen autorización de la persona cuya imagen o voz se usó, un detalle clave que cierra una puerta legal importante.
Esta postura regulatoria envía una señal clara: la tecnología no es el problema, sino su uso fraudulento. Pero aquí surge un dilema para los ejecutivos: ¿cómo asegurar el cumplimiento de estas reglas en un ecosistema de plataformas donde la velocidad de propagación supera cualquier mecanismo de control? La respuesta, al menos en parte, ha llegado desde la cooperación público-privada. En agosto, el TSE y Google lanzaron una herramienta llamada Likeness ID, disponible en YouTube, que permite a los candidatos detectar videos que reproduzcan su imagen sin autorización. Los aspirantes deben verificar su identidad con un documento oficial y una autofoto, y el sistema procesa un registro de su apariencia en hasta dos días. Cuando encuentra coincidencias, los notifica.
Un modelo para la región
Pionera en América Latina, la iniciativa de Brasil ofrece lecciones valiosas para otros países. Primero, demuestra que las instituciones electorales pueden innovar sin quedarse atrás frente a las plataformas. Segundo, muestra que las empresas tecnológicas están dispuestas a colaborar cuando existe un marco regulatorio claro. El presidente de Google Brasil, Fábio Coelho, recordó que la cooperación con la Justicia Electoral brasileña viene desde 2014, lo que sugiere que la confianza se construye con el tiempo. Tercero, el enfoque en proteger a los candidatos, especialmente a las mujeres, que suelen ser blanco de montajes misóginos, subraya que la integridad electoral es también una cuestión de equidad.
Para los directivos que operan en la región, la lección es doble. Por un lado, la regulación de la IA no es una amenaza existencial para la innovación, sino un mecanismo para generar confianza. Las empresas que adopten estándares de transparencia y colaboración con las autoridades estarán mejor posicionadas para operar en un entorno cada vez más exigente. Por otro lado, la velocidad con la que esta tecnología avanza implica que las políticas internas y los códigos de ética deben actualizarse de forma continua, no como un ejercicio anual de cumplimiento, sino como una práctica arraigada en la cultura organizacional.
No debe verse la experiencia brasileña como un caso aislado. Las elecciones en México, Colombia o Argentina enfrentan los mismos riesgos, y los marcos normativos aún son incipientes. Los ejecutivos latinoamericanos tienen la oportunidad de anticiparse, de participar en la construcción de reglas claras antes de que los incidentes golpeen la confianza pública. La tecnología, bien usada, puede fortalecer la democracia; usada sin control, puede socavarla. La decisión está en manos de quienes hoy ocupan posiciones de liderazgo.
Ya no se trata de si los deepfakes van a aparecer en las próximas campañas, sino de si las instituciones y las empresas estarán listas para responder. Brasil ha dado el primer paso, y la mirada de la región está puesta en el TSE. El desafío es enorme, pero las herramientas —regulatorias y tecnológicas— empiezan a alinearse. La integridad del voto es un patrimonio que no puede darse por sentado.
