Latam Brasil aprueba su régimen de datacenters mientras la crisis institucional frena el resto
En la misma semana en que OpenAI lanzó un nuevo modelo, Brasil destrabó el Redata tras meses de espera. La demora regulatoria y la crisis del Supremo definen su carrera en IA.
En la misma semana en que OpenAI presentó otro modelo de inteligencia artificial en su carrera contra China, Brasil consiguió aprobar un régimen tributario para datacenters que llevaba meses esperando en el Congreso. El contraste no podría ser más elocuente: mientras las grandes potencias aceleran su infraestructura de IA, el mayor país de América Latina apenas logra destrabar una política sectorial, y no por mérito técnico, sino después de una costura política que resolvió desavenencias entre el Senado y el Planalto, según relata el editorial de IA Brasil Noticias.
El Régimen Especial de Tributación para Servicios de Datacenter, conocido como Redata, es exactamente el tipo de herramienta que define si una economía puede o no hospedar la próxima ola de cómputo en la nube. Su aprobación significa un alivio fiscal para operadores de infraestructura crítica, pero el tiempo perdido no se recupera. Cada mes de indecisión regulatoria empuja inversiones hacia otros mercados de la región, donde las reglas son más previsibles.
La política secuestra la agenda tecnológica
El problema de fondo no es solo la burocracia. La crisis institucional que sacude al Supremo Tribunal Federal brasileño, con acusaciones cruzadas entre magistrados a un mes de las elecciones presidenciales, revela hasta qué punto la disputa por el poder termina condicionando las decisiones que deberían ser estratégicas. Los explosivos mensajes del banquero Daniel Vorcaro, preso desde marzo por un fraude millonario, salpicaron al juez Alexandre de Moraes y derivaron en una guerra abierta dentro de la corte, con el presidente del tribunal, Edson Fachin, pidiendo que se investigue todo sin atajos, tal como informó EFE.
Mientras Brasilia arde, la economía real patina. La violencia urbana, la educación pública deficiente y el crecimiento débil ocupan el debate cotidiano, y la tecnología queda relegada a un segundo plano cuando debería ser una de las pocas palancas capaces de generar desarrollo sostenido. El editorial brasileño lo plantea sin rodeos: el país sigue dependiente, no de una metrópolis europea como en 1822, sino de una clase política que antepone sus intereses a los del país. La independencia que falta conquistar, dice, es justamente esa: dejar de poner la disputa electoral por encima del objetivo común.
El costo de oportunidad para América Latina
Para los ejecutivos de la región, el caso brasileño funciona como un estudio de cómo la incertidumbre política se traduce directamente en desventaja competitiva. Los datacenters son la base física de la inteligencia artificial: sin capacidad de procesamiento local, las empresas dependen de infraestructura en el exterior, con costos de latencia, moneda y soberanía de datos. Un régimen tributario como el Redata es una señal clara de que un país quiere jugar ese juego, pero su aprobación tardía y condicionada a acuerdos políticos envía el mensaje opuesto: aquí las reglas cambian según el humor del Congreso.
La literatura sobre desarrollo dependiente, que analizó durante décadas cómo se articulan el capital multinacional, estatal y local en Brasil, sigue siendo útil para entender lo que ocurre hoy con la IA. La diferencia es que la brecha ya no se mide en acero o automóviles, sino en capacidad de cómputo, talento especializado y marcos regulatorios estables. Y en esa carrera, cada semestre de parálisis institucional equivale a años luz de distancia frente a economías que tratan la tecnología como política de Estado.
La aprobación del Redata es un paso en la dirección correcta, pero llega en un momento en que OpenAI y sus competidores chinos lanzan modelos nuevos cada pocas semanas. La pregunta que debería hacerse cualquier empresa que planee invertir en infraestructura digital en Brasil es si el país podrá sostener el ritmo de modernización que el sector exige, o si la próxima crisis institucional volverá a congelar las decisiones estratégicas por meses. Los datos de esta semana sugieren que la segunda opción sigue siendo un riesgo real.