Opinión Anduril falla al no detectar migrantes y cadáveres quedan semanas sin hallar
Una investigación revela que torres con IA no detectan migrantes y cuerpos permanecen semanas sin ser hallados. El gasto millonario en tecnología no garantiza seguridad ni derechos.
La promesa era seductora: una red de torres autónomas, alimentadas por inteligencia artificial, que vigilarían la frontera sur de Estados Unidos sin fatiga, sin sesgos humanos y con una eficacia que el muro físico nunca logró. La realidad, documentada en una investigación de un año publicada por MIT Technology Review en colaboración con Times of San Diego, es radicalmente distinta. Personas caminan sin ser detectadas por sensores avanzados y mueren a metros de las torres; sus cuerpos permanecen semanas o meses sin que el sistema —ni los agentes— registre su presencia. No es un fallo puntual: es un patrón sistémico.
Los hallazgos desmontan la narrativa de la "frontera inteligente". Torres construidas por Anduril —empresa que sigue ganando contratos millonarios— presentan fallas de hardware, algoritmos que no distinguen siluetas humanas en condiciones reales y, quizá lo más grave, una cadena de respuesta humana que se rompe cuando la tecnología alerta. En 2024, más de 18 muertes ocurrieron en áreas teóricamente cubiertas por este muro virtual. Cada caso debiera haber disparado una revisión interna en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). No lo hizo.
El problema no es solo técnico; es de incentivos. El gobierno estadounidense planea invertir 1.000 millones de dólares para triplicar el muro virtual hacia 2034. Anduril y otros contratistas operan en un entorno donde la compra precede a la validación independiente. La historia se repite: en 2011, la administración Obama canceló un proyecto similar por sobrecostos y fallas tecnológicas. Hoy, la supervisión congresional es laxa y los mecanismos de rendición de cuentas, inexistentes. El dinero fluye; la evidencia de eficacia, no.
La investigación propone cuatro medidas inmediatas: una auditoría exhaustiva de muertes cerca de las torres, una reevaluación de la efectividad real de la tecnología, la creación de protocolos de respuesta obligatorios ante alertas y supervisión independiente con poder de veto en futuras adquisiciones. Son sensatas, pero insuficientes si no cambian la lógica de fondo: la sustitución del juicio humano y la presencia comunitaria por sensores que no rinden cuentas.
Un estudio académico sobre Estonia llega a la misma conclusión desde otro continente: la tecnología solo complementa la seguridad fronteriza cuando hay comunidades vivas y guardias que interactúan con ellas. La despoblación de zonas fronterizas, acelerada por la falsa seguridad que venden los sensores, debilita la resiliencia real. En la frontera sur de EE. UU., la vigilancia masiva ha empujado a migrantes hacia rutas más letales y ha convertido a residentes locales en sujetos de una red de sensores, cámaras y cables de fibra óptica que analizan sus movimientos con IA, sin su consentimiento ni control democrático.
Para América Latina, la lección es directa. Países de la región exploran tecnologías similares —drones, reconocimiento facial, análisis predictivo— para gestionar flujos migratorios y seguridad. Comprar la promesa sin exigir auditorías previas, transparencia algorítmica y mecanismos de reparación ante el error no es modernización: es externalizar la responsabilidad estatal en cajas negras que nadie sabe auditar. El gasto en vigilancia no sustituye la política migratoria ni la protección consular; solo oculta sus ausencias detrás de una pantalla.
El muro virtual no ve. Y mientras los contratos se firman y las torres se multiplican, la frontera sigue siendo un lugar donde la tecnología falla, los humanos mueren y la cuenta la pagan quienes no tienen voz en la licitación.
