La presión sobre la industria de los centros de datos está cambiando sus reglas de juego. Amazon anunció que dejará de utilizar acuerdos de confidencialidad, conocidos como NDAs, en sus negociaciones con gobiernos locales para construir nuevas instalaciones. La decisión fue comunicada por el CEO de Amazon Web Services, Matt Garman, dentro de un esfuerzo más amplio por responder a las críticas que señalan a estas infraestructuras como opacas y perjudiciales para las comunidades. Microsoft ya había dado un paso similar meses antes.
Números que explican la resistencia
Detrás del malestar no hay solo percepciones. Según datos del World Resources Institute, la capacidad de potencia eléctrica de los centros de datos en Estados Unidos podría llegar a 194 gigavatios hacia 2035, más del triple de los 58 a 64 gigavatios actuales, y consumir alrededor del 20% de la electricidad del país, frente al 5,9% actual. Esta escala proyectada se traduce en conflictos concretos por tierra, agua y energía. Nueva York impuso una moratoria de un año sobre permisos para grandes proyectos y San Francisco aprobó una medida similar. Más de cien moratorias están siendo consideradas en todo el territorio estadounidense, según señaló el propio Garman.
Un patrón histórico de secretismo alimenta la resistencia. Un informe de WRI advierte que los desarrolladores frecuentemente negocian con autoridades locales a puerta cerrada y firmando acuerdos de confidencialidad que blindan paquetes completos de inversión. En Virginia, el principal mercado de centros de datos del mundo, 25 de las 31 localidades con estas instalaciones han suscrito NDAs. Ese velo de opacidad no es nuevo: en la década de 2010, Uber utilizó tácticas similares para negociar subsidios con gobiernos municipales sin que la ciudadanía tuviera información. La memoria corporativa pesa, y la desconfianza se traslada hoy a la industria de la inteligencia artificial.
Confianza rota, no solo papeles
El fundador y CEO de Anthropic, Dario Amodei, describió el rechazo a la IA como "fundamentalmente una crisis de confianza", en la que la gente asume que las empresas y los gobiernos están siempre tramando nuevas formas de causar daño. Esa percepción se vuelve difícil de revertir cuando las empresas presentan argumentos técnicos y la respuesta de los opositores es simple: "No les creo".
Amazon intenta contrarrestar esa narrativa con datos. La compañía sostiene que sus centros de datos representan solo el 0,5% del consumo industrial de agua en Estados Unidos y que sus generadores funcionan apenas el 0,1% del tiempo, principalmente para pruebas de mantenimiento. También afirma haber contribuido con más de 1.000 millones de dólares a comunidades donde tiene presencia significativa en los últimos tres años.
Pero los críticos no se mueven con esas cifras. Un organismo de control independiente atribuye a los centros de datos un aumento del 76% en los precios de electricidad en la red más grande del país, y en Texas, un proyecto de Amazon obtuvo permiso para emitir hasta 33 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, más que cualquier planta de energía estadounidense. La brecha entre la autopercepción de la industria y la experiencia de las comunidades es enorme.
Los acuerdos de beneficios comunitarios como alternativa
Ante este panorama, los acuerdos de beneficios comunitarios (CBA, por sus siglas en inglés) emergen como una herramienta de gobernanza. Se trata de contratos legalmente vinculantes entre desarrolladores y coaliciones locales o municipios, que garantizan beneficios específicos a cambio de apoyo. Lancaster, Pensilvania, firmó el que se considera el primer CBA público para un proyecto de centros de datos en el país: los desarrolladores deben aportar 20 millones de dólares para sostenibilidad e iniciativas económicas, usar 100% de energía limpia y cumplir límites estrictos de consumo de agua y ruido.
Memphis, por su parte, aprobó una ordenanza que captura el 25% de los impuestos a la propiedad de los centros de datos de IA para financiar proyectos públicos en un radio de cinco millas.
Sin embargo, los expertos de WRI advierten que estos acuerdos no son balas de plata. Pueden resultar performativos si las comunidades no participan como co-creadoras desde el inicio. Recomiendan restringir los NDAs mediante ordenanzas locales, establecer marcos de negociación tripartitos entre desarrollador, gobierno y una junta asesora comunitaria, y financiar asistencia técnica independiente para que los vecinos puedan evaluar el impacto real de los proyectos. También señalan que en algunos estados como Texas y Tennessee, las leyes estatales limitan la capacidad de los gobiernos locales para exigir CBAs, lo que deja a las comunidades en una posición más débil.
La lección para América Latina
Para América Latina, donde la inversión en infraestructura digital y centros de datos viene creciendo de la mano de la expansión de la nube y la IA, esta discusión no es lejana. Los gobiernos de la región suelen competir por atraer inversiones tecnológicas ofreciendo beneficios fiscales y permisos acelerados, en muchos casos sin marcos de transparencia equivalentes a los que ahora empiezan a exigirse en Estados Unidos. El riesgo de repetir el patrón de negociaciones opacas es real, y las consecuencias pueden ser más costosas a largo plazo: comunidades que se movilizan contra proyectos, regulaciones que frenan construcciones y una licencia social que se torna esquiva.
Para los ejecutivos latinoamericanos, la señal es clara: la confianza no se recupera con un comunicado. La transparencia debe incorporarse al diseño del proyecto desde la planificación, no como respuesta a la crisis. Los acuerdos de beneficios comunitarios, la publicación de datos sobre consumo de agua y energía, y la participación real de las comunidades locales son activos estratégicos que reducen el riesgo operativo y aceleran los tiempos de construcción.
Recién comienza la industria tecnológica a desandar un camino que otras industrias extractivas conocen bien. Si la regla número uno de la era de la IA era escalar rápido, la regla emergente parece ser otra: construir legitimidad o cargar con el costo del conflicto. ¿Están los líderes de la región dispuestos a abandonar el secretismo antes de que las moratorias lleguen a sus territorios?
